Un duro cuestionamiento al supuesto liberalismo de Evópoli hizo el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, especialmente a la posición asumida de buscar excusas para oponerse al reglamento del aborto y sumarse a las posturas más conservadoras de la UDI y RN que pretenden recurrir, como es costumbre, al Tribunal Constitucional (TC).
En lo que es su habitual columna en El Mercurio, el rector asegura llamarle la atención lo que está haciendo el partido dirigido por Hernán Larraín Matte y fundado por el senador Felipe Kast de sumar “sumar esfuerzos, junto a la UDI y RN, para oponerse al reglamento del aborto mediante un requerimiento al Tribunal Constitucional”.
El académico explica que no llama la atención que la UDI se oponga al reglamento como tampoco que RN lo haga, “cuyas delgadas convicciones han mostrado, en general, una plasticidad gimnástica”.
“El problema es de Evópoli, que está haciendo esfuerzos por cuadrar el círculo: decirse liberal y, al mismo tiempo, poner obstáculos, trampas y zancadillas al aborto y esforzarse por proveer pretextos y dar facilidades para que las instituciones se nieguen a practicarlo”, plantea.
Peña sostiene que “entre las últimas ocurrencias de Evópoli está la de esgrimir el principio de subsidiariedad para permitir que las entidades privadas -las clínicas- puedan negarse a practicar abortos en los casos excepcionales que la ley permite, aún si, al mismo tiempo, han celebrado convenios con el Estado para prestar atención ginecológica u obstétrica”.
Menciona que a primera vista la postura de Evópoli para sensata, pero “cuando se la mira de cerca salta a la vista la trampa intelectual y lo que con ella se persigue: hacer la propia voluntad sin llevar los costos de hacerlo”, replicando que “así cualquiera es liberal”.
Ante este hecho, el rector de la UDP precisa que “lo que Evópoli olvida es la particular índole de la objeción de conciencia. Se trata, como se ha explicado infinidad de veces, de la posibilidad excepcional de incumplir la ley. Cuando el mandato legal contraría la conciencia moral de un individuo, en términos tales que este último tiene que escoger entre obedecer sus convicciones incumpliendo la ley o cumplir la ley traicionando su conciencia, el derecho le permite ser fiel a su conciencia. Lo mismo vale para una institución cuyo ideario le impida practicar abortos bajo cualquier circunstancia. Si la institución declara su ideario, nadie puede obligarla a practicar abortos, salvando, claro está, los intereses de terceros”.
Sin embargo, plantea que ahora se le viene un problema a Evópoli, ya que “pretende que una institución pueda ser objetora de conciencia -homenajear sus convicciones incumpliendo la ley- y al mismo tiempo recibir dineros del Estado para prestar atención ginecológica u obstétrica. De esta manera, lo que Evópoli pretende es que se le subsidie con cargo a rentas generales el homenaje que, al objetar conciencia, rinde a sus convicciones ¿Cuál es la gracia de homenajear las propias creencias a costa ajena?”.
“Para comprender lo insólito de la pretensión basta advertir que el Estado (que se financia con rentas generales) está obligado a otorgar las prestaciones de salud entre las que se cuenta, en los casos excepcionales que la ley lo permite, practicar abortos. Y es obvio que el Estado no puede exceptuarse de cumplir ese deber suyo por la vía de celebrar convenios con terceros objetores. El Estado puede financiar un servicio de salud delegando su provisión, mediante un convenio, a un tercero, pero en tal caso este tercero, al subrogar al Estado, toma sobre sí las mismas obligaciones que pesaban sobre este. Si el Estado celebra convenios de atención ginecológica u obstétrica con terceros objetores, está incumpliendo la ley, está, con mano ajena, traicionando los deberes que pesan sobre él”, argumentó.
Ante eso, Peña argumenta que si el Estado no puede abandonar sus deberes de esa manera, tampoco es razonable que las instituciones objetoras lo pretendan.
“Una sociedad liberal -habría que recordar a los miembros de Evópoli-acepta en principio que cada uno sea responsable por el curso de acción que, salvando los derechos de terceros, decide adoptar. Y ello significa asumir -internalizar diría un economista- las consecuencias de las propias decisiones. Pretender vivir de acuerdo a las propias convicciones, pero sin asumir ningún costo por ello, o, como en este caso, pretender seguir siendo colaborador del Estado en una prestación de salud, pero homenajeando las propias creencias gracias a las rentas generales, no es correcto. Es como si una comunidad amish pretendiera financiamiento para su escuela y, al mismo tiempo, no cumpliera el currículum escolar arguyendo que es contrario a sus creencias y que de todas formas presta un servicio puesto que enseña a leer”, agregó.
Por tal motivo, explica que “lo anterior nada tiene que ver con el derecho de las sociedades intermedias a su autonomía, a la posibilidad que tienen de perseguir sus fines propios, como se ha dicho por Hernán Larraín M. Lo que aquí está en cuestión no es el derecho de la sociedad civil a esparcir o promover sus ideales; lo que se discute es si acaso los cuerpos intermedios (cuerpos intermedios es una de las expresiones favoritas de Vásquez de Mella, que de liberal no tenía nada) tienen derecho a que se subsidie con cargo a rentas generales su negativa a cumplir la ley”.
Sin embargo, el académico señala que la respuesta a esta interrogante es “NO”, indicando que “sería absurdo que el Estado incumpliera sus deberes celebrando convenios con quien se niega a subrogarlo en todos sus deberes, e igualmente resulta absurdo que una institución pretenda subrogar al Estado y recibir financiamiento con cargo a rentas generales para realizar una actividad y, con ocasión de ella, desasirse de la ley”.
Finalmente, argumenta que lo que es sorprendente es lo que Larraín Matte y Kast sugieren como parte de una demanda liberal, precisando que “Evópoli acaba de patentar un nuevo liberalismo, el liberalismo a costa ajena”.
