Este sábado se conoce un nuevo caso de mal manejo de fondos públicos por parte de una institución del Estado, que se suma a los escándalos con ribetes de corrupción y derechamente corrupción en el Ejército y Carabineros, sumando ahora a la PDI, lo que sin duda abre una compleja situación para el gobierno de turno que se ve enfrentado a situaciones que sólo generan malestar y desconfianza ciudadana al tratarse de organizaciones que deben velr por la seguridad de la nación y que muestran signos inequívocos de corrupción transformándolas en entes vulnerable en el más amplio sentido de la palabra.
La Contraloría General de la República detectó, tras realizar una fiscalización a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), señales y trazas de manejos irregulares en los dineros fiscales al interior de la institución.
El mal manejo de la PDI -según el informe de Contraloría- se eleva a $7.459.432.179, o USD$11 millones, siendo la mayor parte de la cifra cuestionada pertenece al ítem «asignación de casa a 6.799 funcionarios».
La Contraloría detalla en su informe que se realizó una auditoría a la PDI en cuatro grandes ítems:
1) Pagos de asignaciones de zona, casa, especial operativa, actividad peligrosa o nociva para la salud y gratificación especial de riesgo.
2) Pagos de remuneraciones y viáticos al extranjero.
3) Gastos de viajes de estudios de la Escuela de Investigaciones y la Academia Superior de Estudios Policiales.
4) Cargos asociados a operaciones de remuneraciones y viáticos.
En sus conclusiones el informe señala que «la institución policial pagó un total de $ 954.571.531 por gastos relacionados con dos giras de estudios efectuadas en el año 2016 (…) cuyos desembolsos no se ajustaron a los objetivos institucionales» y que «se detectaron pagos por la suma de $ 5.304.048.794, por concepto de asignación de casa a 6.799 funcionarios, sin la documentación de respaldo».
«La PDI pagó beneficios sin ajustarse a las exigencias establecidas en la normativa» por la suma de $ 301.429.693, ante lo que «deberá ordenar y obtener los reintegros por las sumas» mal percibidas.
Además la Contraloría indicó que «con motivo del examen de los viáticos al extranjero, se analizaron cuatro partidas adicionales por un monto total de $ 899.382.161 y que tales gastos no se ajustarían a los fines institucionales», lo que sin duda le abre un nuevo frente al Gobierno.
