Se ha creado el escenario favorable a una estrategia de desarrollo productivo e inclusivo, y a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales amenazados por el proyecto de reforma tributaria.

Varias podrían ser las trazas de continuidad entre el debate generado por la acusación constitucional y el que se inaugura a propósito de la reforma tributaria, pero una parece ser la crucial a la hora de reconfigurar los intereses programáticos de la centroizquierda: en ambos casos el bien cautelado son los derechos fundamentales.

La continuidad de la lucha por los derechos

En uno, son los derechos primarios a la vida, a la integridad personal, al habeas corpus, a la libertad de pensamiento y expresión de que fueron despojadas las víctimas directas de la dictadura, y por cuya impunidad sus familiares siguen sufriendo la vulneración de sus derechos en democracia. Aquí, mi vida y mi integridad personal no condicionan la vida y la integridad de nadie, pues mi titularidad de derechos no interviene en la titularidad de derechos de los demás, como no podrían intervenir los mecanismos al uso del régimen democrático, pues la Carta Fundamental y las normas del derecho internacional así lo consagran: los derechos que me asisten son superiores al Estado.

En el otro, son los derechos económicos, sociales y culturales, que precisan de la deliberación y del pacto democrático para su pleno ejercicio y que, en consecuencia, requieren del acuerdo en torno a los recursos públicos que se recaudan y que se reasignan con el fin de garantizar la calidad, oportunidad y sustentabilidad de las prestaciones. Aquí, mi acceso seguro a la salud y a la educación tiene efectos jurídicos sobre el patrimonio —que no es un derecho fundamental porque es transferible, alienable y divisible― de todos los miembros de la comunidad, incluido yo, que pago impuestos y contribuyo al funcionamiento general de la sociedad, y cuya recaudación y re-asignación es resorte de los instrumentos legítimos de deliberación democrática.

Los cambios en el estado de la opinión

Pero la acusación y la reforma tributaria están circunscritas a dos momentos en el tiempo, donde aquella repercute en esta última, por ser su antecedente político inmediato, haciendo que las consecuencias de una y otra sean distintas.

Así, lo que distingue al actual debate del aún tibio cuerpo del debate anterior, es que gracias a la acusación constitucional la centroizquierda ha podido acotar el campo de la democracia y del orden institucional a los límites que impone el valor de la persona humana y de sus derechos, lo cual cobra un imperativo mayor en aquellas formaciones políticas inspiradas en el humanismo cristiano.

Ha dejado claro que nadie —tampoco la judicatura― está por sobre las convenciones internacionales ratificadas por Chile, y que los resquicios legales son excrecencias de una institucionalidad insana que el control de convencionalidad debió haber extirpado de raíz.

Ha conseguido poner en su lugar a cada uno de los poderes del Estado y también a aquellos personeros que, promoviendo la cuestión previa, quisieron inhibir la acción de las asambleas deliberantes, abriendo las puertas a la insolente e impúdica intromisión del Ejecutivo y del Judicial en el Legislativo.

Ha puesto de relieve las secuelas del «neteo», ese binominalismo en la designación de la magistratura aceptado y justificado por el actual titular de Justicia, sobre la autonomía que reclaman los jueces y que, en la práctica, no han poseído nunca, desde la dictadura hasta la transición. No otro, sino el abogado Alfredo Etcheberry, el más serio y sólido de los defensores, ha sido quien ha sugerido la institución de un órgano independiente, semejante al que gobierna la alta dirección pública, a cargo de la nominación y ascenso de los jueces. Esto sería infinitamente superior al cerril cálculo político de quienes refutaban la acusación porque entonces los supremos destituidos serían remplazados por jueces de derechas (sic).

La centroizquierda ha logrado cambiar el estado de la opinión y, fruto de ello, día a día irán cobrando relieve los aportes jurídicos de una nueva vanguardia intelectual, como la representada por los profesores Humberto Nogueira, Francisco Fernández, Claudio Nash, Jorge Precht, Jaime Gajardo, Rodrigo Poblete y Christian Suárez. O como el constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle, nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y responsable de formar a las nuevas generaciones de abogados.

Las condiciones del nuevo debate

Se ha creado el escenario favorable a una estrategia de desarrollo productivo e inclusivo, y a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales amenazados por el proyecto de reforma tributaria.

Probablemente quienes rechazaron la acusación constitucional, aprobarán también la reforma tributaria del gobierno. Lo harán siguiendo el antiguo principio general según el cual quien puede lo más puede lo menos. Así, la cuestión de otorgar ventajas económicas a los grupos de altos ingresos, que es el propósito del sistema integrado propuesto por Hacienda, se hará doctrinariamente menos gravosa que la toma de posición ante el asunto moral de la dignidad intrínseca de la persona humana comprometida en la legitimación de la impunidad.

Esto no significa que el debate económico se vea privado de valores altruistas, tales como el estímulo al crecimiento, la inversión y el ahorro. No es por casualidad que el gobierno ha convertido la iniciativa en el emblema de su programa económico y de su propio éxito. Solo quiere decir que, al final del debate, la correlación de fuerzas 73/64 que frustró la acusación constitucional, será la que fije el techo máximo de privilegios concedidos a los estratos sociales más ricos, así como el piso mínimo de renuncias sociales que la oposición estará dispuesta a aceptar. Y, al igual que la anterior reforma tributaria, también ahora lo que salga del Ejecutivo será diferente a lo que salga del Parlamento.

La reforma de Michelle Bachelet, con todas las modificaciones que le introdujo la derecha en el Congreso, terminó enmascarando, bajo el eslogan pro PYME voceado por sus detractores, lo que resultó ser un premio a los mayores contribuyentes. Por su parte, la reforma ingresada el pasado mes de agosto buscará el establecimiento de un sistema integrado que le provocará al fisco una pérdida de 833 millones de dólares al año, sin contar las normas de tributación internacional y los beneficios pro inversión. Ello la torna una política regresiva, contraria a la igualdad de oportunidades y de derechos económicos y sociales, donde los más ricos, simplemente, dejarán de pagar el monto de impuestos que hasta ahora tributaban y, por cierto, a años luz de los que sufragan en las democracias avanzadas.