Si se atienden algunas de las definiciones del Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría sobre cómo proyectarse en la región latinoamericana y sudamericana en particular y con los vecinos inmediatos, se observa que hay una resuelta vocación por profundizar los vínculos en diversos ámbitos y escalas geográficas, implicando ello relación con organismos supranacionales, además.
Lo anterior responde a una reacción, en parte, a la gestión del ex Presidente Piñera a propósito de la relación con Perú y Bolivia. Con él se logró resolver la problemática del límite marítimo por medio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hecho que permitió mantener parcialmente el criterio del paralelo geográfico para ‘delimitar – demarcar’ el limite marítimo entre Chile y Perú, permitiéndose la Corte ‘quebrar’ el criterio con el ‘quiebre’ de la proyección del paralelo en su proyección de las 80 millas en el océano mismo.
Además, dejó pendiente la definición sobre el pequeño triángulo terrestre, el cual se construye a partir de la interpretación chilena de proyectar el paralelo desde el Hito 1, situado unos metros más al noroeste del término del límite terrestre en el contacto con el mar (reconocido por la CIJ), mientras que el Perú lo hace desde la finalización del límite terrestre, el cual denominan Punto Concordia (inicio – final del límite terrestre, mientras que el anterior, es el límite marítimo en su interpretación), de ahí la creación del Triángulo Terrestre de la polémica del ayer pendiente y del hoy tan vigente. La contingencia permite la creación ‘político – administrativa’ de ‘La Yarada – Los Palo’, distrito que integra este triángulo terrestre, sin complejos a la soberanía de Perú.
Por otra parte, Bolivia, Estado que nos ha demostrado que sí es posible realizar diplomacia y acción geopolítica con ingenio antes no conocido, por lo menos desde su condición estatal, fue capaz de diseñar una estrategia que se encuentra en pleno despliegue, la cual tuvo su primera cristalización en el sólo hecho de justificar la necesidad de llevar a Chile al Tribunal de la Haya para que lo obligue a Negociar de Buena Fe una salida soberana al Océano Pacífico. Lo que vino después, han sido sólo aciertos, donde junto con lograr que la Corte se abriera a la posibilidad de conocer el fondo de la diferencia, permitió, entre otros aspectos, contribuir a la proyección de Evo Morales en lograr una siguiente reelección para profundizar el Proyecto Político del Movimiento al Socialismo (MAS) con una transversal base de apoyo política y social, sin perjuicio de algunos intensos cuestionamientos que se han venido visibilizando, sea desde la oposición o del mismo sector.
Ahora, hace poco, Argentina se ha presentado con una acción poco comentada en los medios de comunicación masiva. Esta acción estuvo y está asociada con el anuncio de intervenir el Lago General Carrera en el lado chileno, Buenos Aires en el argentino por medio de un proyecto de tratamientos de las aguas necesarias para el desarrollo del territorio argentino correspondiente. Es una situación compleja, ya que de llevarse a cabo, se estarían tensionando las relaciones de ambos países, debido a que el Lago en cuestión debe ser entendido como un recurso hídrico compartido internacional – binacional, el cual tiene una gestión desde el derecho internacional que no permite ni a uno u otro país intervenir de forma discrecional y unilateral, sin consultar al otro. Este hecho, fuera del pendiente fronterizo que se tiene con Campos de Hielo Sur, coloca en valor, todavía, al tema fronterizo con Argentina en el sur de nuestro país, cuando de los recursos naturales hídricos se refiere. Desde ahí las siguientes preguntas ¿Cuál es el régimen de propiedad de los recursos hídricos de Chile, cuál es el de Argentina?, ¿Es importante relacionar estos temas con los cambios en el clima, a propósito del calentamiento global? Parecen preguntas atingentes, al constatar esta luz de alerta.
Este cuadro, dibuja un escenario vecinal desafiante, el que junto con exigir una buena política de comunicación, como se ha ‘instalado – reaccionado’ a propósito del caso boliviano, demanda una introspección crítica de los fundamentos de la Política Exterior en su escala vecinal. A Bolivia y Perú, indicarán algunos analistas, les es muy funcional acudir a estos recursos políticos internacionales para fortalecer sus objetivos nacionales internos.
Desempolvar los pendientes fronterizos son de utilidad política, se indicará. Para la Argentina, el caso es distinto, toda vez que la profundidad en los acuerdos de integración binacional son evidentes, así como el intercambio comercial, como también ocurre con Perú. En este último caso, algunos comentaristas peruanos, también han colocado una nota de preocupación por la temporalidad que utilizó el gobierno para avanzar en esta cuestión dado sus relaciones comerciales con Chile. La impopularidad del Presidente Humala lo justificará entonces.
En fin, se entiende que las Políticas Exteriores de los Estados tienen que ver con definiciones que trascienden a los gobiernos de turnos, inclusive a los modelos de desarrollo en los cuales se busca guiar a un Estado. Sin perjuicio de ello, los tres vecinos, los cuales tan resueltamente aparecen contenidos en el Programa de Gobierno (cuestión que no puede ser de otra manera, más cuando los antecedentes de logro de las fronteras explican las tensiones) demandan al Estado chileno una definición de Política Exterior que la coloque más allá de la clásica demanda interior de ‘mayor autoridad’ frente a eventos como éstos y, que por supuesto, vaya más allá de las directrices que proyecta el modelo de desarrollo, cuando de apertura a los mercados globales se refiere, privilegiando este aspecto en desmedro de otros.
En esta línea ¿cabe multilateralizar la política exterior de la vecindad, más que por la demanda de algunos congresistas, como un cambio de doctrina cuando corresponda? Las evidencias y complejidad del hecho internacional vecinal, hacen plausible la interrogante.
Los principios de la Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que representan al Estado de Chile, debiesen complejizarse con las nuevas dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales vigentes y, ello, premunido de la concreción de la promesa del Programa de Gobierno referido a la implementación del Sistema Integrado de Política Exterior, el cual, según se consigna en otra columna de opinión del suscrito, parece interesante, toda vez que permitiría abordajes y síntesis del hecho público internacional, en este caso vecinal, más cercano a los intereses de chilenas y chilenos. ¿Y cómo va eso?
