Este miércoles se realizó finalmente la presentación formal de la acusación constitucional en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, luego que otorgaran la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos y que cumplían penas en el penal de Punta Peuco.

La diputada del PC, Carmen Hertz, fue la encargada de explicar el fondo del líbelo firmado por la propia diputada, además los diputados Jaime Naranjo (PS), Tomás Hirsch (PH), Marcela Hernando (PR), Ricardo Celis (PPD), Gabriel Boric (MA), Miguel Crispi (RD), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) y Raúl Soto (DC).

Explicó que el libelo consta de dos capítulos, “uno que apunta a la falta de convencionalidad que los magistrados están obligados en materia de DDHH y que un fallo contra el Estado de Chile, como lo es Almonacid Arellano contra el Estado de Chile, estableció como imperativo, que es el ajustar los fallos al orden internacional en materia de Derechos Humanos”. 

La diputada agregó que el segundo capítulo de la acusación sostiene que al entregar las libertades condicionales sin concurrir los requisitos que el orden internacional impone,, evidencia “una forma enmascarada de impunidad”.

“La impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio, está prohibida por el orden internacional. Se están infringiendo con esto, elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional”, detalló.

Por su parte a nombre de los parlamentarios socialistas, el diputado Jaime Naranjo fue tajante en señalar que “queremos decirle al país, que el parlamento no esta dispuesto a que se instale la impunidad en Chile. Aquí cuando se dice que estamos alterando el Estado de Derecho, se le esta mintiendo al país”.

“Aquí lo que estamos haciendo es acusar a unos jueces que ignoraron, omitieron y  deliberadamente desconocen los tratados internacionales que deben ser considerados en la constitución chilena y por lo tanto tienen que ser respetados por los Ministros de la Corte Suprema”, sostuvo.

El diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, enfatizó en que “este es un llamado a nuestra generación. La concesión de privilegios a genocidas es un atropello a los derechos humanos que no podemos tolerar ni permitir. Para lograr justicia debemos garantizar que las atrocidades del pasado no se repitan nunca más”.

Por su parte, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, se refirió a los dichos de algunos parlamentarios de la derecha que habrían adelantado su voto a favor de la Acusación Constitucional, “pero por razones muy lejanas a la defensa de los Derechos Humanos”.

“Como Oposición tenemos los votos suficientes, por lo tanto aquellos que se quieran ofrecer lateralmente y bajo otras condiciones, no corresponden, no son necesarios y son absolutamente irrelevantes. Y asimismo, desde ya aclarar que aquí tampoco se están haciendo cálculos políticos en relación al nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, como han querido ensuciar esta acusación, pues aquí no hay ni cálculo político ni de nombramiento, aquí hay un deber que tenemos que cumplir como el Poder Legislativo que es la Cámara de Diputados”, sostuvo.

En tanto, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, aseguró que «esta acusación es un imperativo ético, político y constitucional, porque estamos convencidos que se ha atropellado el legítimo derecho de tener justicia y tranquilidad a los familiares de las víctimas. No podemos permitir que sean vejados por un sistema que ampara a delincuentes que no son de cualquier tipo, sino que son aquellos que no tuvieron ningún tipo de arrepentimiento por los delitos contra los Derechos Humanos«.

“Nuestro deber como parlamentarios y representantes de la ciudadanía es mantener el Estado de Derecho, legislar y fiscalizar. En ese sentido, el Estatuto de Roma fue suscrito por nuestro país y con el fallo de los ministros acusados se están incumpliendo los tratados internacionales”, puntualizó.

Por su parte, la diputada Marcela Hernando (PR), señaló que “hoy es un día tremendamente importante, porque si bien la oposición suele unirse para hacer acusaciones constitucionales, han habido varias, hoy es la primera vez que en representación de todas las bancadas de la oposición hemos concluido a decir no a la impunidad, precisamente eso es lo que queremos hacer. Esto no es una interferencia con algún poder del Estado, lo que pretende es hacer un juicio político de una actuación política en la cual los jueces no oyeron los mandatos  internacionales al respecto y para mi es un orgullo estar en representación de la bancada radical y del radicalismo como vicepresidenta”.

Finalmente, el diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, detalló que su presencia “en esta presentación es un acto de justicia y un acto de consecuencia. La única posición consecuente con nuestros valores humanistas y cristianos y con nuestra historia, estoy acá como demócrata cristiano. Estoy acá también con nuestra lucha infranqueable con la lucha por los Derechos Humanos, como cuando pedimos, por ejemplo, justicia para el Presidente Eduardo Frei Montalva, o como cuando pedimos como oposición la salida del subsecretario Castillo”.

De la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, agregó que “nos parece realmente violento, cuando en este país se ha instalado la impunidad, porque hay jueces que sabe que están pasando a llevar los convenios y tratados internacionales, porque los crímenes de nuestro familiares  las condenas que les han dado son de crímenes comunes”.

Finalmente, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, agradeció la determinación adoptada por la oposición para cursar en forma unitaria la acusación.

“La impunidad tiene un gran riesgo, que  es la repetición del genocidio. Cuando uno escucha opiniones de ministros, que dicen que esta es la intervención de un poder del estado en relación a la autonomía del otro. En esa lógica cuánto hubiésemos querido que en dictadura hubiese existido un parlamento para censurar los miles de recursos de amparo que nuca acogió el poder judicial. La autonomía de un poder del Estado tiene un límite y es cuando ese poder no cumple su función, que es lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema”, precisó.

Por su parte, el gobierno salió a responder en duros términos la decisión de los parlamentarios opositores, indicando que los fallos judiciales deben ser siempre respetados.