Una dura respuesta dio este viernes el pleno de la Corte Suprema a la acusación constitucional que impulsan diputados de oposición en contra de tres de sus miembros, luego que la Segunda Sala otorgará la libertad a siete condenados por violaciones a los derechos humanos.
A través de una declaración pública de cinco puntos, el máximo tribunal del país tomó conocimiento de la preparación de la acusación, indicando que un “presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra”.
“No obstante lo anterior, entre las bases del mismo Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal, que tiene como pilar fundamental la presencia de un juez que ejerza las potestades jurisdiccionales, que el ordenamiento jurídico le confiere, con independencia e imparcialidad, que en concepto de la Organización de las Naciones Unidas importa que «los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo (principio 2), por lo cual «no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales» (principio 4), postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana”, agrega.
En el tercer punto, la Suprema explica que los ministros de la Segunda Sala Penal “resolvieron acoger recursos de amparo interpuestos en favor de diferentes condenados; hecho que ha originado la eventual interposición de una acusación constitucional en su contra, por el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó el derecho en el caso”.
En ese sentido, precisan que “el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”.
Finalmente, los ministros advierten que con la acusación constitucional “lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.
