Quizás no le diga mucho el nombre de “Asesorías e Inversiones Egeo”, pero sí le hará ruido el de Eduardo Engel Goetz, que presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés el tráfico de influencias y la corrupción, además es Profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Presidente de la Fundación Espacio Público, y considerado e “niño símbolo” de la transparencia, y que hoy nos sorprende con un suculento contrato por asesoría que prestó a la Contraloría General de la República (CGR) entre el 1 de agosto de 2012 y por los siguientes 25 meses (2 años) como estableció el contrato y que le reportó la no despreciable suma de $208 millones 584 mil 132, pagados en diferentes montos según lo estipuló el contrato que publica Infogate
Pero qué servicio prestó Engel al órgano fiscalizador de la nación, se preguntará usted, muy simple: “Contrato de prestación de servicios de consultoría para determinar el valor económico del control fiscal superior entre la Contraloría General de la República y la empresa Asesorías e Inversiones EGEO Ltda.”, firmado el 1 de agosto de 2012, y protocolarizado el 5 de septiembre (Ingresa a trámite) y promulgado el 21 de noviembre de 2012.
El objetivo de este estudio que contrató, el entonces contralor Ramiro Mendoza fue para: “Conceptualizar los retornos económicos directos e indirectos de un grupo de productos representativos de la acción de la CGR. Proponer mecanismos que permitan estimar el retorno económico de actividades de alto impacto de negocio de la CGR. Dentro de ello, será parte central de este proyecto evaluar cuáles actividades de la CGR son susceptibles de una estimación de este tipo y cuáles no. Obtener estimaciones de retorno económico medio y marginal para actividades concretas, relevantes y de alto impacto de negocio de la CGR en aquellos casos en que se determine viabilidad de obtener tales estimaciones”, dicen las letras a, b y c del contrato.
Ahora bien, llama inmediatamente la atención el uso de la palabra “negocio de la CGR”, quiere decir entonces que el principal órgano fiscalizador de la República busca hacer negocios, lucrar con algún tipo de servicio que presta? ¿Engel debía detectar donde podría haber una oportunidad de negocios para incrementar las arcas de la Contraloría? ¿La idea de Ramiro Mendoza, al contratar esta asesoría, era lograr la independencia financiera del organismo implementado áreas de negocio?
Estas dudas, necesariamente, las debe despejar el propio Eduardo Engel y el ex contralor Ramiro Mendoza.
Revise el contrato entre la Contraloría y la empresa de Egel:
CONTRATO EEYCGR2012
Revise la protocolarización y promulgación del contrato:
RESOLUCIONENGELCGR
Respaldo legal pero duda ética
Este contrato que celebró la Contraloría fue bajo la modalidad de Trato Directo y no fue licitado, y podría tener respaldo –aunque cuestionable- en el Artículo 10, N°7 letras D y F del Reglamento de la Ley de Compras Públicas (19.886) que rige para todas las instituciones del Estado.
El monto total de este contrato señala en la cláusula quinta: “La CGR pagará a la Consultora la cantidad total de UF.8174, las que se pagarán en 26 cuotas”, dichas cuotas se especifican en un detallado cuadro del mismo contrato.
Otras dudas que surgen de este contrato es por qué Eduardo Engel no mencionó su asesoría vía Trato Directo a la Contraloría cuando en su informe sobre probidad advierte sobre los riesgos de este tipo de contratos por vulnerar la transparencia. De hecho en el llamado Infome Engel explica bajo el título “Propuestas para el sistema ChileCompra: 12 Sancionar al funcionario público que no justifique la contratación por trato directo de acuerdo a los requisitos legales. En este ámbito, precisar con mayor detalle el concepto de proveedor único” (Pág.44).
Así las cosas, falta la necesaria explicación que motivó este millonario contrato directo que superó los $200 millones al valor de la Unidad de Fomento de hoy y que podría haber sido licitado para que otros organismos, como universidades u otras entidades hubiesen podido participar de manera más transparente y de cara a la ciudadanía, la misma que ha exigido Eduardo Engel a todas las instituciones y autoridades de la República pero que a la luz de este documento para él rige la “Ley del Embudo”.
