Sin duda que es el peor de los momentos de la Iglesia Católica Chilena. Tras el escándalo del llamado Caso Karadima, se han ido destapando insospechados casos de abusos que hacen del relato bíblico de Sodoma y Gomorra un cuento infantil.

La realidad que investiga la Justicia –no la canónica que al parecer ha servido más de encubridora- señala que 158 personas han sido vinculadas a 144 investigaciones que arrojan 266 víctimas de abuso y de ello 178 son menores de edad y se investigan cinco casos por encubrimiento y obstrucción a la Justicia. El Ministerio Público informa además que se registran 31 adultos como víctimas de abusos y otras 58 personas sin precisar a qué grupo pertenecen, ya que son casos que han sido denunciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal del año 2000.

De los 158 indagados 74 corresponden a obispos, sacerdotes, diáconos que no pertenecen a una congregación u orden religiosa, mientras que 65 sí pertenecen a una. Lo que hace un total de 139 curas o hermanos involucrados en casos de abuso sexual.

Con este abrumadora evidencia, este lunes 23 de julio, el portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, el ex periodista de la desparecida Radio Chilena, Jaime Coiro, y la integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y experta en derecho canónico, Ana María Celis, tuvieron que poner la cara en nombre de los “mitrados” que no fueron capaces de enfrentar a la prensa ante el vendaval de denuncias que están en la Justicia.

Jaime Coiro, que además de periodista es Diácono explicó que estos datos proporcionados por el ministerio público, “nos llaman a reflexionar por las cifras respecto de las víctimas. Hemos aprendido que más allá de la cantidad, cada una de estas personas ha debido vivir un proceso que es sumamente doloroso, muchos de ellos han tenido que relatar una y otra vez en distintos instancias ante distintas personas lo que les ocurrió. La tentación seria quedarnos en la cifra de los imputados, pero lo que la Iglesia nos pide hoy es poner nuestra primera mirada en las victimas. Esa cifra nos estremece y es la que más nos preocupa”.

Por su parte, Ana María Celis explicó que tanto la jurisdicción civil como la canónica se requieren, porque lo que hace una no puede hacerlo la otra. Mientras el Estado es el único que puede privar de la libertad, la Iglesia Católica es la única que puede privar del ministerio sacerdotal o restringirlo.

“La misión de la Iglesia es resguardar la dignidad de las personas y si la dignidad de la persona que concurre a la Iglesia es que nosotros mantengamos la confidencialidad de su situación, creo que hay que honrar esa dignidad. Pero vamos a hacer la posible para que esa persona recurra a ambas jurisdicciones”, recalcó la abogada.