A una semana de cumplir dos meses sin protocolo, el Ejecutivo ingresó esta tarde el nuevo reglamento de objeción de conciencia que viene a reemplazar el que fue declarado ilegal por Contraloría.

En el texto se restablece la restricción para que ser objetores de conciencia a instituciones privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología.

En el documento, se señala que «En virtud de lo ordenado por Contraloría, los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología», recoge Emol.

También se menciona que los establecimientos públicos no pueden ser objetores ni se podrá discriminar, arbitrariamente, a quienes decidan ser objetores o a quienes no decidan serlo.