Hasta el Tribunal Calificador de elecciones concurrieron actores del Partido Socialista, Revolución Democrática, Partido Comunista, Partido Poder entre otros, todos con el mismo objetivo, exigir una sanción contra el diputado Ignacio Urrutia (UDI), quien aseguró hace unas semanas en el Congreso Nacional que los familiares de Detenidos Desaparecidos son ‘Terroristas con Aguinaldo’.

Unos dichos desafortunados que no contaron con castigo por parte de la Unión Demócrata Independiente y que, desde los conglomerados de oposición, esperan sea el Tricel el que ponga el grito en el cielo en contra de tan desafortunadas palabras del parlamentario.

El presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, aseguró que «la nueva ley de partidos políticos exige una defensa, de parte de los partidos, de la democracia y memoria de los Derechos Humanos. Creemos que el Tricel debe hacer una sanción institucional para que la UDI se haga cargo de los dichos de su diputado».

En el Partido Socialista, el secretario del colectivo, Andrés Santander, dijo que «esta presentación tiene como objetivo que la UDI cumpla con la ley en materias de Derechos Humanos, que termine con el doble estándar y que de una vez por todas pase de las palabras a la acción. Que condenen los crímenes de dictadura y respeten el sufrimiento de las víctimas».

Desde Partido Poder, la líder del colectivo, Karina Oliva, planteó que «lo importante es entender que ponemos un recurso que defienda la democracia. Nos parece que cualquier atentado contra las acciones que vulneren la democracia y atenten contra los derechos humanos, como los dichos del Diputado Urrutia y la falta de sanción de un partido que dice defender los derechos aunque hagan poco y nada de aquello, amerita sanciones de un tribunal, protegiendo a los partidos y a la ciudadanía de quienes quieran socavar y quebrantar la institucionalidad, las visiones y principios de una sociedad democrática de la nuestra».