El ex diputado de la UDI, Cristián Leay, podría quedar sin sanción alguna de la arista “Royalty” del caso SQM, luego que el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ofreciera una suspensión condicional del procedimiento para el ex parlamentario gremialista.
La indagatoria se inició en junio de 2016 y la decisión de los persecutores fue tomada en la recta final del caso, el cual tiene como plazo de investigación hasta el próximo 2 de abril.
En marzo de 2017, el Ministerio Público le atribuyó al ex diputado participación en calidad de autor del delito de facilitación de boletas ideológicamente falsas.
Los antecedentes expuestos en la ocasión se referían a ocho documentos que fueron emitidos por su pareja, María Alejandra Bórquez, y su nuera, Trinidad Subercaseaux, entre 2011 y 2013 por un monto total de $49 millones a la minera no metálica por servicios que habrían sido inexistentes.
La fiscalía argumentó que el ingeniero de Ejecución en Geomensura fue socio del ex timonel del gremialismo, Pablo Longueira en la «Sociedad Comercial L y L Limitada», y además miembro de la Fundación Chile Justo y Fundación Web, lo que junto a los demás antecedentes permitían acreditar el concierto entre ambos para la facilitación de las respectivas boletas.
Sin embargo y a pesar de la insistencia de los persecutores, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó ninguna querella nominativa contra Leay.
En cuanto a la salida alternativa ofrecida por la fiscalía, esta implica que la indagatoria se mantiene detenida por un período que puede extenderse desde un año a los tres, y una vez concluido ese tiempo, y si se cumplen las condiciones fijadas, la causa termina definitivamente sin que quede registro en el certificado de antecedentes.
Al respecto, Sergio Rodríguez, abogado de Leay, dijo a El Mercurio que «resulta evidente que una salida de este tipo es la adecuada para personas como nuestro cliente que no obtuvieron beneficio alguno personal y que se limitaron a financiar diversas actividades políticas del modo que siempre se había hecho«.
El acuerdo entre el Ministerio Público y Leay consistiría en la firma mensual por un período de un año, ofrecimiento que tendrá que ser aprobado por el 8° Juzgado de Garantía.
El tribunal fijó para el próximo 29 de mayo la audiencia para discutir el posible término judicial para Leay.
