La ex Presidenta Michelle Bachelet dejó el poder sin poder cerrar el penal de Punta Peuco, pero en su lugar denunció ante la justicia cerca de 30 mil casos de torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet y que están dentro de la conocida Comisión Valech.
De acuerdo a lo que señala el diario español El País en su edición online del viernes, un día antes de dejar su mandato la ex mandataria el encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en manos de su subsecretaria Lorena Frías que interpusiera tal denuncia. Fríes dijo que «desde el Gobierno me autorizaron«.
Hay que recordar que durante la administración de la ex jefa de Estado había presentado un proyecto para levantar el secreto de 50 años impuestos al Informe Valech, cuya comisión fue creada durante el Gobierno de Ricardo Lagos, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
De esta forma, la denuncia presentada por Fríes será investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, quien decidió “no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.0000 casos«.
Con tal movida judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tendrá que definir si levanta el secreto de la comisión Valech de manera parcial o total o si finalmente será una decisión «caso a caso«.
Fríes dijo al medio español que el Gobierno de Bachelet estaba por incorporar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que permitiera que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, «pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las víctimas«, lo que no se logró antes del receso legislativo de enero.
“Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura«, explicó.
Además, la ex subsecretaria señaló que una de las iniciativas pensadas antes del fin del gobierno fue la de crear una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia, la cual pudiera revisar los testimonios rechazados en la Comisión Valech 2.
En ese sentido, Fríes precisó que «la autoridad (el ex ministro de Justicia, Jaime Campos) no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar«.
«Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los ex presos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos«, aclaró.
«Ante el cambio de Gobierno, me pareció que podía entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura«, agregó.
La ex funcionaria de la Subsecretaría de DD.HH. mencionó que «utilicé el mecanismo de la denuncia, porque no tenía facultades para iniciar una querella», añadiendo que «está claro que en los próximos cuatro años no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sentí con la responsabilidad de hacerlo«.
También hay que mencionar que el ex ministro Campos estuvo en el ojo del huracán al negarse firmar el decreto que trasladaba a los presos por violaciones a los DD.HH. en Punta Peuco a cárceles comunes, terminando de esta forma con los privilegios carcelarios que mantienen.
