Reafirmando que la principal preocupación del Gobierno es “hacer justicia”, el vocero (s) Omar Jara, se refirió este jueves a las últimas acciones legales adoptadas por el Ministerio del Interior respecto de la investigación de la llamada “Operación Huracán”.

El secretario de Estado reiteró que “el Ministerio del Interior ha actuado como querellante contra todos los responsables del ataque incendiario a 18 camiones en la Región de La Araucanía, con el propósito de que se investiguen los hechos, se determine quiénes actuaron en ellos y que se sancione a los responsables”.

Aseguró que el objetivo es “lograr justicia y evitar que delitos queden en la impunidad”, razón por lo cual el Gobierno apeló a la decisión de sobreseimiento definitivo de la causa para que se pueda seguir investigando.

El vocero de La Moneda explicó que al Gobierno “le asiste el derecho de presentar este tipo de recursos, porque consideramos que existen argumentos fundados que nos permiten lograr el objetivo central, que es hacer justicia”.

Aclaró que la decisión de querellarse en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, se tomó en vista de nuevos antecedentes surgidos en las últimas 48 horas. Éstos son un informe recibido desde el Juzgado de Garantía de Temuco, presentado por la defensa de los imputados en la audiencia del pasado 9 de febrero, y una reunión sostenida ayer entre el fiscal regional de Aysén y el abogado del Ministerio del Interior.

“El Gobierno tiene el deber de buscar la verdad, de buscar la justicia para las víctimas”, aseguró el ministro (s). Agregó que “en esta tarea el Gobierno no está a favor ni de Carabineros ni del Ministerio Público. Como querellantes, esperamos que todo lo que ha rodeado esta investigación se esclarezca lo antes posible y se sancione a los responsables”.

Omar Jara indicó que “no es un invento que en La Araucanía hay víctimas y hay camiones quemados”. En cuanto a la existencia de filtraciones o de manipulación de pruebas, afirmó que ello “debe investigarse y sancionarse porque es una situación, a nuestro juicio, grave”.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones a “seguir trabajando en el marco de sus responsabilidades legales y constitucionales, en un marco de respeto mutuo y representando las diferencias a través de los mecanismos institucionales, a través de los conductos regulares”.