La Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de ley que elimina el indulto particular en los casos de reos acusados de violaciones de derechos humanos y que estén con enfermedades terminales, procedimiento que ahora pasaría a ser administrativo y que quedaría en manos de los jueces.

Lo anterior significaría el arresto  domiciliario a condenados que están presos en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a El Mercurio, el proyecto describe que la medida «propone regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena; y, además, la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra«.

Además, el texto establece criterios especiales para esos reos como es el hecho que «aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza (de lesa humanidad) y que demuestren su arrepentimiento«.

Lo anterior se traduce en que el mandatario ya no deberá firmar una petición de indulto, sino que por el contrario ahora será «el tribunal de garantía el que, mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal, podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario«.

El mensaje presidencial también indica que “en nuestra normativa interna no existen reglas específicas que regulen la ejecución de la pena de los condenados y las condenadas afectados por una enfermedad terminal, que guarde coherencia con los fines de la misma y que permita el cumplimiento de los marcos de respeto a la dignidad humana y a la sociedad en su conjunto, que todo Estado Democrático debe asegurar”.