La votación estaba programada para las 10:30 de la mañana de este miércoles 14 de octubre, pero llegaron 34 diputados a la Sala y hubo que suspender la sesión. Las excusas de los “honorables” fueron tan diversas como insólitas desde “idas urgentes al baño” hasta “el riesgoso camino con lluvia y mantener la velocidad permitida” dijeron algunos osados diputados a modo de excusa infantil y poco creíble.
Pero más allá de este nuevo episodio bochornoso protagonizado por más de la mitad de los diputados de la República, se logró sacar adelante la votación en sesión extraordinaria citada durante esta misma tarde, pero aquí también hubo otro episodio que raya en el “berrinche”.
Resulta que durante la mañana, el presidente de la Corporación, el PPD Marco Antonio Núñez, muy molesto citó a las 20 horas, pero se opusieron los diputados que simplemente no querían estar hasta tan tarde “trabajando”, por lo que la sesión extraordinaria se realizó pasadas las 4 de la tarde, así los parlamentarios no se exponían a quedar a merced de las “tinieblas de la noche”.
Así las cosas, con un unánime respaldo de 100 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, en segundo trámite legislativo, que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales, por infracción a las normas de transparencia, límites y control del gasto electoral.
El texto, que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, fue informado a la Sala por la diputada Marisol Turres (UDI), de la Comisión de Constitución.
La reforma constitucional modifica el capítulo correspondiente al Congreso Nacional señalando que “cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral».
El texto agrega que una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que pierda el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público, por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Lo mismo se aplicará a los cargos de alcalde, consejero regional y concejal, los que tampoco podrán optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Como la Cámara de Diputados incluyó esta inhabilidad para repostularse en las siguientes dos elecciones, el proyecto de reforma retornará al Senado, a tercer trámite constitucional, para que se ratifiquen estas modificaciones.
El presidente de la Cámara, diputado Marco Antonio Núñez, valoró la aprobación de este proyecto, indicando que es «muy importante para la agenda de Transparencia y Probidad, para las futuras sanciones de aquellos candidatos, a cualquier cargo de elección popular que hagan trampas y utilicen recursos indebidos para financiar su campaña (…) a partir de la aprobación de esta ley van a perder su cargo. Eso hoy no existe en la legislación chilena, forma parte del acuerdo que sostuvimos el día sábado con el Ministro Nicolás Eyzaguirre de tramitarlo y despacharlo el día de hoy».
