La Contraloría General de la República cuestionó los diversos contratos adquiridos por José Miguel Puccio, el actual jefe médico de la Presidenta Michelle Bachelet y director del Hospital San José, y por la que se le han pagado cerca de $100 millones.

Según consigna La Tercera, Puccio presta servicios desde 2014 como médico de la Jefa de Estado a través de su sociedad “Dr. José Miguel Puccio y Compañía Limitada”, pagándole la mencionada cifra tras adjudicarle cuatro tratos directos.

Además, con esta empresa también ha cerrado “contratos de arrendamiento” con la Clínica Alemana, lugar en que atiende como cardiólogo tres veces a la semana, según detalla el sitio web del centro asistencial.

Sin embargo, todo esto fue cuestionado por la Contraloría el pasado 24 de noviembre, luego que emitiera el dictamen N° 41286N17, tras ser elaborado a petición del propio profesional médico, quien le consultó sobre la compatibilidad entre su cargo de director del Hospital San José y sus otras actividades.

El ente contralor advierte que el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) el que autorizó al médico a que participara en “comisiones de servicio” para acompañar a la mandataria en sus giras al exterior en calidad de “jefe del equipo médico presidencial”, con goce de sueldo como director de hospital.

El documento de la Contraloría señala que “resulta improcedente que el SSMN disponga de una comisión de servicio respecto de un funcionario para que éste efectúe una labor por la cual se encuentra obligado, en virtud de un contrato privado”.

El informe también aclara que Puccio reintegró las remuneraciones, “estimando que obedeció a un error el hecho que el SSMN lo haya enviado a comisión de servicio para acompañar a la Presidenta de la República”.

Además, se dio un plazo de 20 días para que el SSMN informe sobre “las tareas que el director del hospital debía desarrollar en las comisiones al extranjero que dispuso para acompañar a la Presidenta”.

En el mismo plazo, también la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República “deberá informar si durante las giras efectuadas al extranjero por la Primera Mandataria ha sido acompañada por otros profesionales (…) y si se ha pagado el precio mensual pactado con ella (la sociedad) en aquellos meses en que se desarrollaron tales giras”.