Carles Puigdemont considera un “ataque” y una “humillación” la activación del artículo 155 de la Constitución y convocará al Parlament de Catalunya para debatir qué pasos dar tras las medidas adoptadas por el Gobierno este sábado. En su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat del sábado por la noche no desveló qué se hará en los próximos días, mientras la intervención de la autonomía no sea efectiva. Sólo pidió la convocatoria del pleno de la cámara catalana, símbolo de la soberanía del pueblo catalán a juicio del Govern, pese a las decisiones judiciales, informa La Vanguardia y otros medios catalanes.
Lo anterior es en respuesta al anunció que hizo desde Madrid, el jefe de gobierno Mariano Rajoy.
Rajoy anunció que, si el Senado lo permite, cesarán al president de la Generalitat y a todos sus consellers para dar el control de los departaments de la Generalitat a los ministerios, bajo la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de facto para asuntos catalanes. También convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses, aunque Rajoy lo haría cuanto antes; “cuando se recupere la normalidad institucional”, matizó el presidente. La tercera medida que destacó fue el derecho a veto del Gobierno durante 30 días de las iniciativas que adopte el Parlament de Catalunya. “Sí podrá, por ejemplo, legislar sobre montes o sobre las carreteras catalanas”, decía al respecto la vicepresidenta en un briefing posterior con la prensa donde se han concretado los detalles de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y Ciudadanos, hecho que ha provocado malestar en algunos sectores del PSC. Por ello, Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, dimitió a última hora de la tarde como secretaria del Área de Cohesión e Integración de la Ejecutiva Federal del PSOE.
El president de la Generalitat compareció de nuevo con la puerta abierta -algo que se interpreta como una muestra de voluntad de diálogo-, como ya hiciera tras el referéndum del 1 de octubre en la declaración en la que pedía mediación. el líder del Govern consideró el 155 el “peor ataque” a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco y acusó al Estado de tener un “propósito liquidador”. Se quejó de que las todas propuestas de diálogo y mediación de la Generalitat habían tenido la misma respuesta negativa y consideró un “portazo” las decisiones del Consejo de Ministros y la “liquidación” del autogobierno y la “voluntad democrática de los catalanes”. “Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos”, añadió y tachó de “actitud antidemocrática y fuera del Estado de derecho” las medidas al carecer de una “mayoría parlamentaria que las avale”.
“El Gobierno se ha autoproclamado de manera ilegítima, sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso, representante -y tutor de la vida pública catalana, también dijo- de los catalanes, y quiere teledirigir desde Madrid la vida de Catalunya”, denunció Puigdemont, al tiempo que recordaba que “cada vez que las instituciones han sido laminadas, el pueblo se ha sobrepuesto” y que “desde el regionalismo de principios del siglo XX hasta el soberanismo del siglo XXI, la idea hegemónica es la misma” porque “la Generalitat es histórica”. Y al hablar de historia, hizo mención, como muestra de lo que ha propiciado este momento, a la recogida de firmas de Rajoy contra el Estatut de Catalunya hace más de una década y la sentencia del Tribunal Constitucional una vez ya había sido aprobado en referéndum por los ciudadanos.
