El senador DC, Andrés Zaldívar, volvió a utilizar todo su poder político y redes de contactos al llamar telefónicamente al fiscal nacional, Jorge Abbott, para expresarle la molestia del Senado ante la petición del Ministerio Público de solicitar todos los informes y contratos que respaldan las asesorías externas de todos los representantes de la Cámara Alta.

Así lo expresó el propio legislador falangista, según relata La Tercera, tras recibir el extenso oficio del Ministerio Público, indicando que la comunicación con el fiscal nacional estaba validada por todos los comités y pretendía manifestar la extrañeza y molestia que causó la diligencia y la decisión de ampliar al Senado una investigación que se realizaba en la Cámara.

La información también fue confirmada por el propio Abbott, quien señaló que “me llamó (Zaldívar) para manifestarme su inquietud y molestia sobre el particular”.

El oficio emitido por la Fiscalía Oriente de Santiago se envió luego de la polémica por los informes “copy-paste” que se le hacían al senador y candidato presidencial Alejandro Guillier.

En ese sentido, Zaldívar explicó que su llamado a Abbott fue para manifestarle “mi impresión de que la solicitud de la fiscalía requería de parte nuestra un estudio, porque creíamos que no estaba ajustada a los términos en los cuales se debe hacer”.

De acuerdo a la información, tales estudios apuntan a encargar informes en derecho y a hacer consultas a abogados expertos respecto a si procede esta petición de información al Senado, sin tener hechos, delitos o una causa abierta y vinculadas a los senadores.

Desde el Senado lo que se pretende es que se acredite si existe sustento jurídico que amerite revisar a todos los miembros de la Corporación, por lo que se pidió a la fiscalía interna de la Cámara Alta que evacuara una minuta relativa a los alcances de la diligencia.

El diario explica que la respuesta al oficio será enviado a Abbott y no al fiscal Manuel Guerra -quien fue el que pidió los informes-, lo cual se realizaría en las próximas horas y en ella el Senado le manifestaría al Ministerio Público la disposición para entregar información, pero que se precise la indagatoria, especificando qué es lo que se solicita, qué delitos habría detrás, qué personas involucra y bajo qué investigación se está haciendo esto.

La decisión de la fiscalía para pedir los informes es que algunas empresas que asesoraron a diputados y que están siendo investigadas en el caso de la Cámara -a raíz de la autodenuncia de la ex jefa de prensa UDI Lily Zúñiga- también habrían realizado asesorías a senadores.

A juicio de Zaldívar, “creo que no es bueno que en base a este tipo de denuncias se ponga en tela de juicio a la institución del Senado en su conjunto”, agregando que “si hay algún hecho que pueda ser denunciado en el sentido de investigación procesal penal, tiene que decirse con precisión cuál es el hecho y a quién aflige”.