El aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo, la inmigración: La Presidenta chilena, Michelle Bachelet, aceleró su programa social en la recta final de su gobierno, con el que busca consolidar su legado reformista.

A tres meses de las elecciones presidenciales y a siete de dejar el poder, la socialista está empeñada en sacar adelante todas las iniciativas que comprometió en el programa de gobierno que la llevó por segunda vez al poder en marzo de 2014.

Después de lograr la aprobación de su reforma estrella, la ley del aborto terapéutico, tras más de dos años de polémica y deliberaciones, el lunes envió al Congreso el proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo, que incluye la posibilidad de adopción.

Días antes había enviado al Congreso una reforma al sistema de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que introduce el aporte patronal a un sistema al que solo contribuyen actualmente los trabajadores a título individual.

Asimismo, proyecta modernizar la ley de Migraciones, que data de la dictadura, para hacer frente al creciente flujo de inmigrantes, en particular haitianos, colombianos y venezolanos, y evitar la trata de personas.

Aún le resta cerrar la última parte de su gran reforma educacional, concretar la elección directa de gobernadores regionales y plantear una reforma a la Constitución heredada de la dictadura.

«Estamos cumpliendo con nuestra palabra ante Chile y también ante el mundo», dijo Bachelet al rubricar el lunes el proyecto de ley de matrimonio igualitario, dos años después de la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil, una de las mayores aspiraciones de las organizaciones sociales que demoró 12 años en ver la luz.

Legado reformista

Con la popularidad tímidamente en alza –después de caer estrepitosamente tras el destape del escándalo de corrupción que salpicó a su familia-, Bachelet ha vuelto a tomar las riendas de la agenda política para tratar de influir en los resultados de la elección del próximo 19 de noviembre.

«Bachelet quiere marcar la agenda meses antes de la elección, de modo de forzar al candidato de la oposición para referirse a algunos temas valóricos y cumplir con la reformas que ella prometió», dice Rodrigo Osorio, analista de la Universidad de Santiago, sobre la batería de proyectos de ley calificados de «improvisados» y de «nulo rigor técnico» por la oposición.

Para Patricio Navia, analista de la Universidad de Nueva York, «Bachelet necesita fortalecer su legado de reformas». «Como las reformas educacional y tributaria probablemente se vean obstaculizadas y frenadas por la próxima administración, Bachelet quiere pasar a la historia como la presidenta que despenalizó el aborto e impulsó el matrimonio igualitario», dijo a la AFP.

Y si eso además «ayuda a evitar tener que volver a entregarle la banda presidencial a Piñera, cuanto mejor», agrega Navia.

Sebastián Piñera, un multimillonario empresario al que ya Bachelet le entregó la banda presidencial en 2010, lidera cómodamente la carrera presidencial a la que la coalición oficialista acudirá por primera vez con dos candidatos: el periodista Alejandro Guillier y la senadora Carolina Goic.

Ello marcaría nuevamente un giro ideológico en la conducción del país que pone en riesgo el futuro de sus reformas.
Piñera ya ha dicho que no es partidario de la gratuidad universal de la educación comprometida por Bachelet, sino que está a favor de establecer un sistema de becas y créditos. Tampoco tiene ninguna intención de reformar la Constitución de 1981 que impuso Pinochet.

De ahí la premura de Bachelet en sacar adelante las reformas que en su visión «no podían esperar más», o al menos dejarlas avanzadas en el Congreso, que también será renovado en noviembre.

«Si se hace el listado y se compara con el programa, se verá que es casi una canasta limpia», dice el ministro secretario general de la presidencial, Nicolás Eyzaguirre.