El diario El Mercurio plantea “profundas divisiones” dentro del gobierno luego que el Comité de Ministros rechazara el proyecto minero Dominga, añadiendo que también se demuestra las dificultades que tiene la Nueva Mayoría para “aunar a sus huestes”.
En su habitual columna, el diario señala que el rechazo de parte del Comité de Ministros del Proyecto Dominga “ha evidenciado las profundas divisiones que afectan al gobierno. La decisión, que se contrapone con la recomendación de las instancias técnicas involucradas en el proceso de evaluación ambiental, ha sido interpretada como una señal política dirigida a apoyar a los sectores más radicales de la coalición oficialista, que enfrentan la férrea competencia del Frente Amplio”.
“Pero, con razón, esta determinación ha sido criticada por su ligereza e incongruencia con la obvia necesidad que el país tiene de restablecer la confianza en su futuro económico”, agrega.
Y añade que “la importancia de la materia no puede ser subestimada. La inversión –principal fuente del crecimiento económico y de la creación de empleos- lleva cuatro años cayendo. Aparte de las condiciones generales del país, un factor que ha gravitado mucho son los retrasos y judicializaciones en el proceso de evaluación ambiental de las iniciativas”.
Por tal motivo, propone que para “superar la desconfianza que ello crea, es esencial que las decisiones que adopten las autoridades correspondientes provengan de un análisis serio, que pondere todos los costos y beneficios de los proyectos –incluyendo desde luego su impacto sobre el medio ambiente- y se mantenga lo más distante posible de la contingencia política”.
Además, considera como “sumamente grave” el rechazo a Dominga, ya que es una señal negativa ante un escenario en donde hay un n alza del cobre que vuelve a mejorar las perspectivas mineras y son numerosos los proyectos de inversión que pueden reactivarse.
“Por eso, aunque sorprendente, es comprensible la actitud del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, de haberse retirado sin votar en la correspondiente sesión del Comité de Ministros, ante la imposibilidad de estudiar los antecedentes del tema, inexplicablemente entregados con solo tres días de antelación, contraviniendo el plazo de 10 días que para estos efectos contempla el respectivo reglamento”, señala.
“Su actitud respaldada por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, en un gesto que aparentemente representaría el sentir del ministro de esa cartera, Rodrigo Valdés. Saben bien esas autoridades que la única chance de terminar su gestión con una economía volviendo a crecer es con un mejor clima para inversión y que la decisión política adoptada atenta directamente contra ese objetivo”, explica.
Y sostiene que “el rechazo del proyecto será seguramente apelado ante el Tribunal Ambiental y es probable que allí sea revertido. Pero la disposición del Comité de Ministros –que actúa en representación de la Presidenta de la República- a subordinar las recomendaciones técnicas de los organismos competentes a consideraciones políticas permanecerá como una manifestación de las dificultades de la Nueva Mayoría para aunar sus huestes y dar buen gobierno al país”.
