Para referirse a las auditorías realizadas por la Contraloría a Codelco, entre los años 2005 y 2017, asistió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a la Comisión Investigadora de la utilización de recursos públicos en la cuprífera estatal.
Bermúdez manifestó su molestia ante la Comisión por la divulgación, en el Poder Judicial, del informe reservado de auditoría Nº 900 del 2016, realizado por la Contraloría a la empresa estatal.
“El informe que fue impugnado por la empresa fue puesto hoy día a disposición de todo el público en la página web del Poder Judicial, entonces a mí me parece contradictorio con el discurso que se ha mantenido acá, de que la actuación de la Contraloría le podría afectar a la empresa, a su gestión y a su competitividad, cuando en realidad es la propia empresa la que hace pública una información que tiene carácter de reservada. Ahora, si esto es delito o no, es algo que tiene que determinar el Ministerio Público”, declaró visiblemente molesto el Contralor de la República.
Consultado por la demanda efectuada por Codelco en la que acusa un cambio de criterio de la Contraloría respecto a los dictámenes anteriores, el personero señaló que las observaciones son exactamente las mismas: “La verdad es que esa es una acusación bastante injusta, no solo de la empresa, sino que también de altas autoridades, toda vez que, si uno mira el informe del 2005 y lo compara con el del 2017, se dará cuenta que las observaciones son prácticamente calcadas, cambian los nombres, los montos, pero las observaciones son exactamente las mismas, por lo tanto, no hay ningún cambio de criterio”, afirmó.
Investigación por informe reservado
Tras la sesión, la diputada Paulina Núñez (RN), aseguró que iniciarán una investigación dentro de la misma Comisión para ver quién es el responsable de que se publique dicho informe reservado.
“Nos parece gravísimo, y concordamos con el Contralor, que un informe que tiene el carácter de reservado hoy día se conozca con todas sus letras, a través de la publicación del Poder Judicial. Acá hay separaciones del poder del Estado y, por lo tanto, si una investigación que emana de la propia Contraloría, tiene ese carácter, lo que corresponde es respetarla. Cuántas veces hemos escuchado a Codelco que debe existir un poder superior del cuidado de esta empresa, no solamente en términos económicos, sino que también en términos políticos, y hoy día con esta publicación eso se pasa a llevar”, indicó.
En tanto, el diputado Felipe Ward (UDI) se refirió a las consideraciones del informe, donde figuran asesorías pagadas por Codelco a diversas empresas. “Hemos dicho durante mucho tiempo que Codelco es una caja pagadora de favores políticos, lamentablemente está capturado por algunos partidos políticos y eso ocurre en algunas divisiones a lo largo del país (…) Que existan asesorías verbales que no tienen ninguna justificación, hace obligatorio que nosotros continuemos con la querella que ya está presentada y que pretende evitar justamente estas malas prácticas e irregularidades”, resaltó.
Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), resaltó que las irregularidades al interior de Codelco se centran en la contratación de familiares cercanos en la cuprífera, las cuales, aseguró el Contralor, debían hacerse por resolución fundada, comunicando a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados.
“El Contralor ha reafirmado en todas sus partes las denuncias por eventuales prácticas irregulares que se centran en el contrato en Codelco a familiares, eso es lo que está en juego, sobre esa base se han entregado antecedentes de diversa naturaleza que ahondan en los informes que no podemos revelar, pero hay una queja muy profunda de lo ya señalado, respecto al carácter de cómo se ha ventilado esto en tribunales por parte de Codelco”, señaló.
La instancia citará para una próxima sesión al presidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), organismo encargado de fiscalizar a la empresa estatal.
