Como “relevante, importante y acorde a las normas de transparencia en que ha ido avanzando el Estado”, calificó el senador socialista Alfonso De Urresti el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó al Ejército entregar la información sobre oficiales ascendidos al grado de general entre 2002 y 2016, que formaron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) o de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El parlamentario destacó que “el falló de la Corte hace una distinción relevante para los efectos de atender la solicitud que hasta ahora el Ejército rechazaba responder: que tanto la DINA como la CNI fueron disueltas antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.974 de 2004, que crea el Sistema de Inteligencia del Estado, por lo que no corresponde concluir que esos organismos represivos de la dictadura forman parte del citado sistema, por lo que resulta improcedente invocarla para mantener en secreto la información solicitada«.
De Urresti dijo que “invocar dicha normativa, en el sentido de que el acceso a dicha información podría afectar la defensa o la seguridad de la nación parece simplemente exagerado. Al contrario, es bueno que este tipo de antecedentes se conozca, para el propio fortalecimiento de las instituciones armadas, cuyas nuevas generaciones no deben cargar con defensas corporativas pretéritas que no le hacen bien a la democracia ni al país”.
El legislador sostuvo además que “resulta contradictorio que mientras como sociedad buscamos avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de justicia y transparencia, una institución del Estado busque mantener algunos aspectos de su historia al margen, queriendo además asimilar a organismos represivos al margen del estado de derecho con entidades de inteligencia que hemos discutido en el Congreso Nacional y en democracia. Ya es hora de que el Ejército de desprenda de ese lastre que algunos quieren seguir cargando. Un ejército de todos los chilenos no puede tener a ex agentes de la DINA en el alto mando”.
Finalmente De Urresti lamentó la respuesta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, entregada en agosto del año pasado, señalando que “los terceros afectados opusieron por escrito fundadamente a entregar sus identidades, por quedar eventualmente desprotegidos de sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica, de respeto y protección a su vida privada y a la honra de su persona y familia, de inviolabilidad del hogar y de protección a la libertad de trabajo, cuando fueron justamente la DINA y la CNI quienes vulneraron los derechos de miles de chilenas y chilenos”.
