Indignación, protestas barriales, perplejidad. Los clientes de ENEL, afectados por el corte de luz transitaban por aquellas emociones, en la medida que pasaban las horas y los días sin que sus hogares recuperaran el suministro de energía.
En tanto, el operador italiano se deshacía en explicaciones, algunas muy absurdas y otras francamente falaces; como sostener que la nevazón del sábado fue, incluso, más devastadora que el terremoto del 27 de febrero de 2011.
Justificaciones absurdas que chocan con los datos de la realidad. Los propios trabajadores del sindicato de profesionales de ENEL explicaron cómo este desastre se explica por la inorgánica reducción de costos, que afectó especialmente el área de prevención y restitución.
Las autoridades centrales y comunales, a su vez, ofrecían multas a destajo, acopio de firmas para una futura demanda e, incluso, puerilidades como llevar a los mayores de 70 a un hotel de lujo, endosando la cuenta a ENEL.
Todas constataciones más o menos dramáticas de una cuestión fundamental: el Estado chileno no tiene ninguna capacidad de control efectivo y eficiente respecto del manejo de las empresas estratégicas, como es la distribución de energía, el agua y otros.
¿Cómo llegamos a este absurdo y, mejor aún, cómo podríamos salir de él?
Vamos por parte: Lo ocurrido con ENEL no es distinto a lo que pasó con Aguas Cordillera, o con los cobros injustificados de las autopistas. Es simplemente la resultante del abandono por parte del estado de un rol básico como protector del bien común. Desde las privatizaciones “truchas” perpetradas en Dictadura, que construyó la base del modelo e abusos que hoy sufrimos los chilenos y permitió que nuevos grupos se enriquecieran sin límite, apropiándose de la riqueza construida por el esfuerzo nacional, se continuó un progresivo y constante trabajo de desregulación de la actividad económica, convirtiendo a Chile en el experimento neoliberal más salvaje del mundo occidental.
Lo ocurrido con la luz la semana pasada, es consecuencia directa de esa orfandad de reglas, que permite a las empresas controladoras hacer y deshacer con total impunidad. Las multas y reconvenciones son, y todos lo entienden así, un verdadero chiste ante los montos de las utilidades que se consiguen.
Es evidente que ha llegado el momento de pensar en serio en este tema. El estado debe tener capacidad de injerencia y control respecto de cómo las empresas gestionan en las actividades estratégicas. Debería poder establecer exigencias mínimas de inversión en desarrollos específicos de soluciones concretas (el soterramiento de los cableados es un buen ejemplo) con plazos estrictos. La ciudadanía, a través de un estado musculoso y bien conducido, debería recuperar poder e incidencia en cuestiones claves para su futuro: qué hacer con la autoproducción de energía y el acceso libre a la red de distribución es un tema que viene y al cual las grandes empresas, como ENDESA antes y ENEL ahora, han intentado dinamitar.
Es hora de conversar de verdad sobre estos asuntos y recuperar parte de la soberanía que hemos hipotecado en favor de un sistema que, ya sabemos, favorece a muy pocos en detrimento de casi todos.
Si no parece suficientemente claro esto último, es cosa de ver quienes conforman los directorios de las grandes empresas. Entonces, todo resultará evidente y los podrá mandar sin mayor trámite directo a la «concha de su madre».
