La fórmula tributaria-judicial mediante la cual el sistema democrático chileno ha enfrentado los casos de corrupción y comportamientos no éticos de sectores y/o grupos de la elite respecto al financiamiento de candidaturas y partidos políticos, tiene algunos aspectos positivos necesarios de destacar.

En primer lugar, el solo hecho que los distintos involucrados al momento de ser citados a la fiscalía para declarar, se han sometido plenamente a ello y entregado información suficiente para pesquisar las distintas aristas de cada caso. Si bien esta cooperación se basa en el incentivo de lograr condenas disminuidas o simplemente evitar la acusación, constituye un hecho relevante, en la medida que ninguno optó por escapar del país o esconderse para no presentarse.

Ello deja en evidencia la percepción tanto de acusados/citados como de la fiscalía y otros actores que existe un vacío legal que es necesario superar y donde se percibe un lento proceso a pesar de las recomendaciones de la Comisión Engel y las distintas iniciativas existentes en el Congreso y presentadas por otros actores sociales. La conclusión inevitable es que a pesar de la disposición responsable de los afectados por las acusaciones, pareciera que ello es suficiente para no avanzar en regulaciones que a todas luces son urgentes.

Lo anterior implica que el manejo de la agenda programática del gobierno no tiene capacidad para llevar las dos agendas en forma simultánea, con lo cual se configura un escenario al menos complejo desde el punto de vista político y ciudadano. Al efecto, la agenda de transparencia y anti corrupción tiene un espacio y ritmo propio que debe ser asumida plenamente. Sin embargo, ello se ve obstaculizado por las prioridades programáticas y las evidentes dificultades que han mostrado las negociaciones de las denominadas reformas estructurales, donde en la actualidad la educacional y laboral parecen copar todos los espacios legislativos y los intereses políticos del gobierno y los partidos.

Bajo estos criterios, la posibilidad de asumir como positivo la forma en que se procesan a los implicados disminuye drásticamente al observar la forma en que se espera que todo ello quede entreverado en el proceso judicial mientras la agenda política se concentra preferentemente en las prioridades programáticas. Al efecto, lo más probable es que la agenda de transparencia y anti corrupción termine siendo la moneda de cambio para avanzar en la programática y con ello las expectativas ciudadanas se verán frustradas y en consecuencia los niveles de conflictividad social aumentarán y los costos políticos para el gobierno seguirán siendo negativos.

La irrupción de estos escándalos políticos no solo mostraron los vacíos políticos y jurídicos y los déficits éticos en la clase dirigente del país sino que la oportunidad de fortalecer el régimen democrático parece perderse en la coyuntura gubernamental y en el surgimiento tácito de avanzar en forma mínima en la superación de este escenario proclive a la corrupción.