Los fiscales cargo de la investigación del caso denominado “Sofofagate”, Roberto Contreras y Lorena Parra, llegaron hasta las oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril para dar inicio a las primeras diligencias por la denuncia del hallazgo de micrófonos dentro de la oficina del presidente, Hermann von Mühlenbroc, y al vicepresidente de la organización, José Juan Llugany, quien es consejero electivo de la institución en representación de Carozzi.

Los persecutores llegaron hasta el Edificio de la Industria junto a personal del Cibercrimen de la PDI, ya que la investigación se ampliará a otros dos delitos como eventuales transgresiones a la Ley de Delitos Informáticos, los que sumarán a lo relacionado con la captación o intervención de comunicaciones privadas.

En la  instancia realizada este lunes también participó el abogado de la Sofofa, Juan Domingo Acosta, quien estuvo junto a los fiscales durante la diligencia.

⁠⁠⁠En tanto, el fiscal oriente Manuel Guerra aseguró a radio Biobío que la entidad gremial no ha entregado aún al Ministerio Público los micrófonos y cámaras descubiertos.

El persecutor también aprovechó de criticar los 10 días que demoró la Sofofa en hacer la acusación ante la justicia, indicando que “lo ideal hubiese sido contar con la denuncia a la brevedad”.

“Al día de hoy no están en nuestras manos, solo contamos con informes escritos, no tenemos los dispositivos con nosotros para ponerlos a disposición de la PDI y se realicen los análisis de rigor”, explicó.

En cuanto al daño que podría tener la prueba a raíz de los retrasos, el persecutor dijo que se tendrá que lidiar con eso.

Asimismo, indicó que no existe por ahora antecedentes que permitan señalar un nivel de sospecha o alguna motivación para realizar este espionaje, señalando que “lo que sí, no podemos descartar ninguno, tenemos que hacernos cargo de todas las hipótesis que pudieron haber rodeado esto”.

Finalmente, radio Biobío dio a conocer los nombres de los primeros interrogados en la investigación como el retirado suboficial de Carabineros, Rubén Aros, y Lorena López, ambos dueños de la empresa de seguridad Profasis, la cual descubrió, manipuló los micrófonos y que elaboró el informe entregado a Fiscalía.