El presidente del directorio, Óscar Landerretche, y el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, hicieron sus declaraciones ante la Comisión de Minería, en el contexto de la entrega de los resultados de la cuprífera en el último semestre del año 2016 y de paso salieron a responder -en tono desafiante- el dictamen de la Contraloría que cuestiona la política de multimillonarias indemnizaciones para altos cargos de la cuprífera estatal.
En el marco de un dictamen de la Contraloría General de República que cuestiona los millonarios recursos utilizados por la cuprifera para indemnizaciones e incentivos al retiro, el Presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche, dijo que la posición del directorio sobre este asunto es unánime.
«Nosotros detectamos que hay una diferencia en términos de la interpretación de los marcos normativos que rigen a la Corporación. Específicamente, si en el ámbito laboral lo que rige a Codelco son las leyes que regulan la negociación colectiva o, más bien, los estatutos administrativos que operan para los trabajadores del sector público; y en el ámbito de contratación de empresas, lo que regula son las normas y controles de la ley de sociedades anónimas o la ley de compras públicas», planteó Landerretche.
El presidente del directorio de Codelco afirmó que «se trata de un debate importante que se debe tener ya que se está poniendo en cuestión el gobierno corporativo de la compañía» y «si es que esta empresa se regirá como una empresa pública o cómo un servicio público».
En este escenario manifestó que es muy posible que los marcos normativos que se han establecido para regular a Codelco tengan contradicciones entre sí. «Si la Contraloría está siguiendo esto, es porque de verdad genuinamente interpretan que sus atribuciones los mandatan a seguir esta línea de argumentación que Codelco debe regirse o regularse más parecido a un servicio público. El problema es que, en el año 2009, esta misma Cámara y el Senado aprobaron una ley que dice lo contrario, bajo la cual opera el directorio de Codelco, que es la ley de gobiernos corporativos. Entonces, lo que debemos hacer, para no causar problemas, es evitar hacer frases y titulares para la galería y, más bien, concentrarse en un trabajo técnico y riguroso para resolver esta situación en el interés de todos los chilenos», enfatizó.
La autoridad detalló que, en enero de este año, se hizo una revisión del conjunto de recomendaciones que hacía la Contraloría General de la República, resultando en la aprobación, de parte del directorio de Codelco, de normas más estrictas que las que incluso se recomendaron, por lo que estimó «muy difícil decir que este directorio no esté haciendo su trabajo». «Nosotros estamos siguiendo los procesos legales que existen para apelar a dictámenes, para reconsiderar dictámenes. Y vamos a seguir todas las instancias legales, tal como está establecido en la norma», acotó.
Finalmente, Óscar Landerretche llamó a no dramatizar con esta situación. «Las personas que estamos a cargo de este diferendo, tanto en Contraloría como en el Parlamento o el Ejecutivo, estamos trabajando para resolver esto en el interés de todos los chilenos y con el mínimo de irrupción posible», sentenció.