viernes, noviembre 22, 2024

Presentan demanda colectiva en contra de Banco BCI

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La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva en contra del Banco de Crédito en Inversiones (BCI) por por infracción a la Ley N°19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores.

El presidente de la entidad, Hernán Calderón, llegó hasta la oficina de distribución de Demandas Civiles para ingresar la demanda.

Esta dice relación con el cobro de comisiones abusivas en líneas de sobregiro en Cuenta Cliente y línea de crédito de emergencia, y venta atada de seguros de desgravamen vinculados a esta última.

Esta demanda colectiva beneficiará a más de 80 mil cuentacorrentistas del Banco BCI, que llevan años pagando altas comisiones por: i) líneas de crédito de sobregiro en cuenta corriente, y ii) líneas de crédito de emergencia (para cubrir más allá de la línea de sobregiro); todos cobros que la ley no permite realizar.

Este cobro es adicional a la comisión mensual por la mantención de la cuenta corriente, y adicional al alto interés que cobra el BCI cuando otorga el crédito para esas líneas de crédito.

Así, el BCI efectúa una serie de cobros ilegales y abusivos, porque no están permitidos por la legislación y que, además, no obedecen a servicios o contraprestaciones reales de parte del banco; son cobros que infringen la ley del consumidor y son contrarios al principio de indemnidad patrimonial del consumidor y generan un enriquecimiento injusto o sin causa para el banco.

Por otra parte, el Banco BCI infringe la ley del Sernac Financiero al imponer seguros de desgravamen a los consumidores cuentacorrentistas que tienen estas líneas, coaccionando su libertad a contratarlas o no, aprovechándose de aquellos consumidores que pasan dificultades, lo que constituye una “venta atada” sancionadas por la ley del Consumidor.

Los bancos no pueden cobrar comisiones a su antojo, ni menos hacer creer al consumidor que se presta un servicio que no existe.

Los consumidores creen en sus bancos y estos cobro ilegales y abusivos afectan directamente la confianza en el sistema y la fe pública.

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