El Servicio de Impuestos Internos decidió presentar en los tribunales de Garantía de Santiago, Colina, Vallenar, Valparaíso y Porvenir un total de seis querellas criminales en contra de los representantes legales de 11 empresas y siete personas naturales por diversos delitos tributarios.
Están relacionados con la presentación de declaraciones de impuestos falsas, aumento indebido del crédito fiscal del IVA, facilitación de documentación tributaria falsa, comercio irregular y comercio clandestino.
SQM
Ante el 8° Juzgado de Garantía de la Capital se interpuso una acción penal que se refiere a los delitos de presentación de declaraciones de Impuestos maliciosamente falsas y facilitación de boletas y/o facturas falsas.
El primero de los delitos se imputó al representante legal de SQM SALAR S.A., Patricio Contesse; mientras que el segundo se imputó a los representantes legales de Asesorías y Negocios SPA -Giorgio Martelli-; de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente –; de Cristian Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing E.I.R.L. –Cristián Warner (ex jefe de campaña presidencial de Marco Enríquez Ominami)– y a la persona natural Carlos Tudela García, al haberse facilitado boletas de honorarios y facturas falsas. Cabe consignar que Tudela es hijo del ex embajador en Singapur, Carlos Tudela Aroca.
De acuerdo a los cálculos realizados por funcionarios de la Subdirección Jurídica, el perjuicio fiscal en este caso supera los $309 millones.
Ante este mismo tribunal se interpuso una querella criminal en contra de la persona natural Alberto Cardemil Herrera, por haber facilitado boletas de honorarios propias y de terceros, por servicios que jamás se prestaron a empresas del Grupo Penta y a SQM S.A.
Dicho contribuyente y los representantes legales de estas compañías están imputados también por evasión del impuesto a las Herencias y Donaciones.
Otras querellas
Una de las querellas fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en contra de cinco sujetos que conformaban una organización criminal dedicada al comercio irregular de productos del tabaco, por lo que se les imputa como autores de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97 N°8 y N°9 del Código Tributario, que sancionan el ejercicio del comercio clandestino e irregular, respectivamente. El perjuicio fiscal en este caso superaría los $1.790 millones.
En Vallenar, en tanto, el SII resolvió presentar querella en contra de los representantes legales de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus afluentes, como autores del delito tributario contemplado en el artículo 97 N°4 inciso primero del Código Tributario, por la omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos por dicha Junta de Vigilancia, en virtud de un protocolo suscrito con la Compañía Minera Nevada Limitada, por posibles daños ambientales generados por el proyecto minero Pascua Lama, burlando con ello el Impuesto a la Renta de Primera Categoría que estaban obligados a enterar, generando un perjuicio fiscal estimado en $1.454 millones.
Por otra parte, en el Juzgado de Garantía de Colina, el Servicio de Impuestos Internos decidió presentar querella en contra de la persona natural Andrés Echeverría Mozó, como autor del delito tributario contemplado en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, que sanciona las maniobras tendientes a rebajar el valor a pagar por concepto de IVA.
La acción penal referida se generó en virtud de un trabajo conjunto entre la Subdirección Jurídica y los Departamentos Jurídico y de Fiscalización de la Dirección Regional Metropolitana Poniente, quienes detectaron el aumento ficticio de los montos de crédito fiscal de IVA, mediante la utilización de facturas falsas que fueron incorporadas en la contabilidad del contribuyente durante los años 2009, 2010 y 2011.
La última acción penal se presentará próximamente en el Juzgado de Garantía de Porvenir, y está dirigida en contra de los representantes legales de las empresas Biotex S.A., Bioagro S.A. y Biotex Dos S.A., como autores de los delitos tributarios contemplados en el artículo 97 N° 4 incisos 1°, 2° y final del Código Tributario. La querella se funda en que las empresas mencionadas, que se encontraban vinculadas entre sí, simulaban operaciones comerciales, facilitando facturas falsas que posteriormente eran contabilizadas y declaradas en los Formularios 29 de las empresas, utilizando IVA crédito fiscal ficticio, con el objeto de rebajar el pago que debían enterar en arcas fiscales en relación con las ventas que realizaban dentro del territorio nacional, y evadir además el Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la ley sobre Impuesto a la Renta. De acuerdo con los cálculos efectuados por funcionarios de la institución, el perjuicio fiscal provocado superaría los $957 millones.
