Este jueves en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se discutió la aplicación de la abusiva Ley de estacionamientos, Ley que salió de el Congreso Nacional.
A la sesión asistió el director del Sernac, Ernesto Muñoz, sostuvo que se está frente a la presencia de abusos graves y sistemáticos y anunció, junto al Ministro Luis Céspedes, que se realizarán diversas acciones para enfrentar el tema. Además, se presentaron tres proyectos de ley sobre la materia, para perfeccionar la normativa vigente, entre otros puntos, restituyendo el concepto de gratuidad en los estacionamientos de los centros comerciales.
Un detallado informe entregó a los diputados de la Comisión de Economía el director del Sernac, Ernesto Muñoz, respecto del estudio realizado por el Servicio en torno a la aplicación de la nueva ley de estacionamientos, que dio cuenta de variadas irregularidades y abusos por parte de los principales operadores de dicho mercado.
En la sesión, tanto el director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, como el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, fueron claros en señalar a los diputados que se está en presencia de abusos que son graves y sistemáticos por parte de los principales operadores del país, que implicarán diversas acciones por parte del Sernac.
«Demandamos a diez establecimientos por estar aplicando un esquema de cobro que está prohibido por la ley. También presentamos 29 denuncias de interés general por infracciones tales como tener carteles en los que se exime de responsabilidad o tener carteles donde se informa el cobro por el ticket perdido, lo que está prohibido; y no informar acerca de los derechos de los consumidores», especificó Muñoz.
Agregó que «también hicimos presente la denuncia a 64 empresas por falta de entrega de información básica comercial que nosotros le solicitamos y, finalmente, dimos a conocer una información que, por su gravedad dejó sorprendido a la Comisión, que es la denuncia que vamos a presentar contra una empresa que estaba desinformando a los consumidores inventando un artículo de la ley», especificó Muñoz.
El director resaltó que también se pudo constatar alzas de precios importantes por parte de algunas empresas, incluso superiores al 50%, que no tienen una justificación real en la ley por cuanto se trata de concesionarios cuyas licitaciones están vigentes y, por tanto, no son afectos a la nueva normativa de estacionamientos.
Los miembros de la Comisión recibieron los antecedentes con mucha preocupación y, así como lo remarcó la presidenta del grupo parlamentario, Maya Fernández (PS), estimaron relevante acelerar el trámite del proyecto que le entrega facultades fiscalizadoras y sancionatorias al Sernac para abordar este tipo de situaciones.
Asimismo, los legisladores coincidieron en la necesidad de emprender acciones concretas y persuasivas en contra de las empresas abusivas. «Creo que se subieron por el chorro y nosotros vamos a reaccionar de alguna manera, porque nuestro objetivo es defender a los consumidores y lo que sí sucedió acá fue exactamente lo contrario, pero no por efectos de la ley, sino por una acción concertada de personas que utilizaron la ley para subir los precios y eso no lo vamos a aguantar», precisó el diputado Rojo Edwads (IND).
Andanada de proyectos de ley para cambiar el actual
Justamente, en reacción a este tema, hoy tres grupos de diputados, uno de la Democracia Cristiana, otro de la UDI y otro de legisladores de RN y la UDI, presentaron tres proyectos de ley para perfeccionar la actual normativa.
Las tres propuestas coinciden en restituir el concepto de gratuidad en el uso de estacionamientos accesorios a otros giros, como de los centros comerciales, aunque presentando diferencias en el tiempo en que esta medida se aplicará.
En la iniciativa DC, además, se plantea separar la normativa entre aquellos estacionamientos que se dedican a la actividad como giro principal de los que lo presentan como giro accesorio; al tiempo que se presentar una responsabilidad objetiva de los operadores en casos de daños o robos.
Finalmente, la moción de la UDI propone incrementar los montos de las multas, de modo de generar mayores desincentivos a las prácticas irregulares.