El cambio provocado al país luego del 11 de septiembre de 1973 fue profundo y aún hoy sus consecuencias siguen vigentes. La economía fue el principal objetivo de quienes ocuparon el lugar que violentamente fue desalojado por las Fuerzas Armadas, instituciones que también mantienen un dilema y una deuda ante la sociedad.
“Miremos el futuro”. Esa es la frase que con insistencia repiten diversos personeros cuando en Chile se vuelve a instalar la discusión sobre los atropellos cometidos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.
Pero el rostro del país cambió en esos 17 años que duró el régimen militar. Fueron largos años de transformaciones que permitieron cimentar uno de los sistemas más excluyentes del planeta, como develan estudios propios y de organismos internacionales.
Integrantes del selecto grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la propia entidad da cuenta de que estamos aún lejos de derrotar la pobreza y la desigualdad, aunque sí ocupamos los primeros puestos en todos los ranking de acumulación de riqueza por parte de grupos económicos y la falta de libertades para la población. Incluso, nuestro ex Presidente de la República Sebastián Piñera, está en el listado de los más ricos del planeta de la Revista Forbes, donde se informa una fortuna a su haber de 2 mil 500 millones de dólares. Lo superan otros cinco personajes, entre ellos la familia Luksic que cuenta más de 15 mil millones de dólares y está en el grupo de los 100 más ricos del orbe.
El origen de la desigualdad
En el libro “La historia oculta del régimen militar” de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, se relata el desembarco en Chile de los denominados “Chicago Boys”, jóvenes economistas que recibieron la instrucción en esa universidad estadounidense que contaba entre sus especialistas al Nobel de Economía de 1976, Milton Freadman.
Sin embargo, otro economista de 30 años de la Universidad de Harvard sería fundamental para estructurar el actual sistema que se mantiene sin variaciones significativas hasta la actualidad. José Piñera asumiría el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, generando el denominado “paquetazo” que transformó las relaciones laborales y el sistema de jubilación, pasando de un sistema solidario a uno de capitalización individual.
Piñera, hermano del ex mandatario, recibió el influjo del pensamiento de otro economista y Nobel de la especialidad en 1974. Friedrich Hayek de la Escuela Austriaca, consideraba a grandes rasgos la necesidad de un Estado más bien de tamaño menor y donde el derecho a la propiedad privada estaba por sobre todo.
Al respecto, el economista de la Universidad Católica e investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, sostiene que para Hayek “los sindicatos no tenían un rol en la economía, más bien le hacían mal a las sociedades. Esos influjos uno los percibe de alguna manera en lo que es el actual Código del Trabajo y concepciones similares se pueden revisar en lo que es el sistema de pensiones” de nuestro país, instalados durante la gestión del discípulo del austriaco, José Piñera.
Durán agrega que todo este entramado “era cómo el influjo del pensamiento neoliberal empieza a caer en los países, siendo Chile, como lo han dicho muchos ya, un caso experimental. Fue el primer país donde se establecen de una forma muy agresiva las políticas del consenso de Washington –se adelanta incluso- y todos los contenidos más neoliberales”.
A Piñera lo sucedió en el Ministerio del Trabajo el economista Miguel Kast, padre del actual diputado y presidente de Evópoli, Felipe Kast. Sobre el ministro de la dictadura, el economista de la Fundación Sol recuerda que ya antes había estado al frente de la ODEPLAN que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento “se establece este papel más bien subsidiario, aquello donde el sector privado no puede entrar, entonces ahí sí el Estado puede participar. Por lo tanto, en primer lugar se mercantilizan muchos derechos sociales, se acota lo público, el espacio de lo público se hace cada vez más acotado y se empieza a retirar progresivamente el aparato estatal y comienza toda esta lógica de lo que son las ayudas sociales por la vía de las transferencias condicionadas en el sentido de que para que las familias reciban un subsidio tienen que cumplir ciertos requisitos y les entregan subsidios condicionados a que cumplan con esa exigencia y el Estado se empieza a retirar de cuestiones que antes eran eminentemente propiedad de lo público y estatal”.
Durán precisa que las transformaciones llevaron a que hoy “un 74 por ciento de los trabajadores en Chile gane menos de 400 mil pesos líquidos; la mitad de los trabajadores gana menos de 260 mil pesos. Eso entonces se tiene que complementar, necesariamente, con un alto nivel de endeudamiento y largas jornadas de trabajo. Entonces, se configura una especie de cóctel donde los trabajadores tienen espacio muy restringido para participar en discusiones públicas, por lo político, en gozar de espacios de cultura y eso finalmente provoca una sensación de malestar en la sociedad y los niveles de desigualdad empiezan a pasar la cuenta”.
Mientras, el sistema de pensiones, las AFP, se configuraron como un sistema de inyección de capital fresco a las empresas, más que para el rol que se supone están constituidas. “Hoy escuchamos a analistas de corredoras de bolsa donde agradecen al sistema de pensiones, porque a través de eso Chile es un país que a veces se puede blindar frente a las crisis económicas del mundo porque tiene financiamiento para sus empresas. Entonces ahí vivimos en un mundo bastante particular, porque un sistema que debería ser su objetivo número uno entregar pensiones, hoy se ocupa para financiar la economía y proteger a las empresas, pero no cumple con el objetivo de dar pensiones”, subraya Durán, quien recuerda que el 90 por ciento de las pensiones que entrega el sistema, no superan los 150 mil pesos mensuales.
“En palabras del, intelectual David Harvey, lo que hoy tenemos son procesos de acumulación por desposesión. Es decir, tenemos personas, grupos, clases dominantes que están acumulando muchos ingresos básicamente desposeyendo a otros de sus derechos sociales, incluso a través de no pagar salarios dignos, no pagar salarios que deberían reflejar cuál es el valor del salario en Chile”, puntualiza el investigador de la Fundación Sol.
El golpe a la historia
Con todas sus controversias y enfrentamientos, el sistema democrático que vivía Chile desde fines del siglo XIX, fue roto de manera abrupta con el simbolismo de una bandera chilena hecha girones por el fuego que sucedió al bombardeo a La Moneda.
Para el doctor en Historia y académico de la Universidad de Santiago Manuel Loyola, “lo más perjudicial o lo más dramático que se destruyó, fue la construcción de una cierta confianza, de una cierta posibilidad de pensar en una construcción social distinta y que de alguna manera la población del país había ido adquiriendo ya una inclinación, un favorecer que era posible y probable generar transformaciones importantes y no temerle a eso. Por lo tanto, poder profundizar en la democracia, en la construcción de una sociedad distinta, a mí me parece que eso fue el golpe más mortal que sufrió nuestra sociedad”.
Desde un primer momento, el lenguaje de los militares sublevados fue virulento en contra de quienes se resistían al quiebre democrático. Así lo dejan en evidencia las comunicaciones que se conocen del propio general Augusto Pinochet, quien profirió la frase “matando la perra se acaba la leva”, cuando sugirió que Salvador Allende debía ser sacado del país y luego derribar el avión que lo trasladara junto a su familia.
“Hay toda una manera de expresarse por parte de sectores importantes de las Fuerzas Armadas con un sentido de anticomunismo enfermizo que llama mucho la atención. Pero también nos llama mucho la atención el hecho de que las propias fuerzas políticas de izquierda no fuesen capaces de advertir que existía en el país y en las propias FF.AA., -sino en todas en una parte importante de ellas-, una serie de manifestaciones reaccionarias bastantes fuertes y radicales y no lograron poner ningún atajo. Eso también es algo que llama la atención, que nunca se hiciera nada para contrarrestar, eliminar esta virulencia que ya se estaba manifestando y que no era inédita. Porque en la historia del país, incluso en el siglo XX ya se había manifestado una serie de hechos bastante crueles por parte de las FF.AA”, comenta Loyola.
A esa crítica, también se suma una reflexión acerca del germen de la represión que luego de 17 años de dictadura se quedó arraigado entre los chilenos. El historiador sostiene que “mucha gente persiste en esquemas mentales bastante antiguos, de que las cosas si no son de una forma son peligrosas, que a la gente le gusta la tranquilidad, el orden, porque el fondo se tiene miedo, en el fondo hay mucha inseguridad y se teme perder lo poquito que se tiene. Por tanto hay mucha gente que está dispuesta a aceptar la violencia, a hacerse los tontos si la situación ocurre y a tratar de olvidar rápidamente para seguir adelante”.
Violencia y DDHH
La naturalización de la violencia en Chile no es un fenómeno que se quedó en la dictadura militar que vivió el país.
Así lo sostiene la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien subraya que el trabajo de la entidad que dirige no se queda solamente en las víctimas del régimen militar.
La dirigenta indica que “se siguió matando, como a Rodrigo Cisternas, Manuel Gutiérrez, Alex Lemún, Daniel Menco, Matías Catrileo… o sea, es realmente dolorosa la lista de jóvenes asesinados, así como la mayoría de las víctimas de la dictadura fueron jóvenes. ¿Por qué nadie reclama, nadie dice nada, con la seriedad que debería tomar estos temas el Gobierno? Está el caso de José Huenante, que estuvo detenido por Carabineros, lo hizo desaparecer y hasta la fecha no dicen dónde están sus restos”.
Alicia Lira precisa que esta violencia existe “porque la impunidad en el pacto hecho por el gobierno de la Concertación a la cabeza de Aylwin y Pinochet, es resguardar los símbolos de lo que fue la dictadura cívico-militar, proteger a los violadores de los derechos humanos, que no se avanzara en la demanda de verdad y justicia, no se depuraran las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pero tampoco han cambiado la lógica del enemigo interno”.
Agrega a su reflexión que todo es alentado por una actitud política que no da cuenta de la necesidad de terminar con esa ideología que afecta el espíritu de la sociedad y que se evidencia en la actuación de las actuales autoridades de Gobierno.
“El señor Jorge Burgos cuando asumió en el Ministerio de Defensa, nos invitó y en una reunión nos mostró el Departamento Jurídico donde estaban redactando el proyecto de ley para degradar a los militares vinculados a violaciones a los derechos humanos. Pasó el tiempo y después asume el ministro José Antonio Gómez, quien dijo lo mismo a los medios de comunicación. Hoy día resulta que ninguno ha hecho nada. La senadora Isabel Allende dice que va a presentar un proyecto en ese sentido. O sea, los efectos comunicacionales que ellos entregan a los medios, son para desinformar, para decir que sí están preocupados del tema, pero en los hechos, realmente no han hecho nada”, precisa Lira.
Para la representante, “ya no se trata de las FF.AA., sino que tiene que ver con personeros de Gobierno. Así como lo hizo Gómez cuando el diputado Guillermo Teillier le hace las preguntas al general Oviedo, preguntas que nosotros mismos le hacemos: si terminaron su lógica del enemigo interno, si van a entregar la información. Entonces, el señor Gómez lo interrumpe y le dice que esas son preguntas políticas y que no está convenido eso en la comisión de Defensa que sesionó hace algunos días. Estas son actitudes vergonzosas”, que a su juicio impiden terminar con la herencia que aún mantiene a Chile lejos de superar lo ocurrido hace 42 años un 11 de septiembre.
