En pleno debate sobre la realidad de los condenados por violaciones a los DD.HH. y si pueden o no optar a beneficios por ser ancianos y enfermos -en muchos casos- terminales, Genaro Arriagada uno de los hombres más poderosos de la DC, plantea en una columna titulada «Derechos humanos, justicia, perdón, olvido», que sí pueden acceder a beneficios pero bajo dos condiciones: que expresen público arrepentimiento y entreguen información real par acceder a la verdad de lo ocurrido.
A continuación, y como siempre lo hacemos cuando encontramos columnas que aportan al debate nacional, reproducimos el texto que Genaro Arriagada publicó este jueves en El Mercurio (era que no).
«En pocos campos la acción de las sociedades y los Estados es más amarga y desdichada que al intentar resolver qué hacer con las violaciones de derechos humanos ocurridas en su pasado reciente. Ninguna política en este campo, como lo prueba la historia, ha sido satisfactoria, sea Chile, la Alemania nazi, el colaboracionismo francés, la España de la Guerra Civil y de Franco, el apartheid sudafricano, Brasil, Portugal, las repúblicas comunistas de Europa.
En el centro de estas preocupaciones debe estar la justicia. Sin embargo, ella no ha sido lograda totalmente en parte alguna. Aún en países donde la justicia no encontraba límites en poderes fácticos, el número de procesos fue limitado. Juicios como Nuremberg, o el contra Petain y Laval en Francia, parecen animados por un carácter selectivo que sirvió para no llevar a los tribunales a decenas (¿o cientos?) de miles que también eran responsables. En otros casos, la justicia fue limitada en nombre de la verdad; por ejemplo, en Sudáfrica, donde la confesión ante la Comisión de Verdad y Reconciliación aseguraba el indulto a quien reconociera su crimen. Además, es válida la pregunta de cuántos procesos acepta una sociedad sin desgarrarse. ¿Podemos imaginar a Rusia con 40 mil juicios abiertos para averiguar y condenar a quienes tuvieron que ver con los crímenes de la KGB y Stalin? En Chile empieza a tomar cuerpo en algunos grupos la idea de que ha llegado la hora de pasar de los juicios sobre detenidos desaparecidos a otros 28.000 que, se dice, corresponderían a «sobrevivientes de prisión política y tortura, cifra que basada en los recursos de amparo se eleva a más de 100.000».
En otro plano, las ideas de reconciliación, perdón y olvido, siendo valiosas a nivel individual, si se les intenta traspasar a políticas públicas, más que ayudar, confunden. Es comprensible que una persona no acepte la reconciliación con quien es culpable de la desaparición de un ser querido. Y para una nación sería un error la amnistía (el olvido) del estalinismo, el nazismo, el apartheid, las dictaduras militares. A nadie, y menos a las víctimas, se le puede obligar al perdón y al olvido. La memoria debe ser una política pública, pues es una forma de reparación y, a la vez, de prevención contra la repetición de los crímenes. Pero una sociedad tiene derecho a preguntarse, como Ariel Dorfman lo hace en «La muerte y la doncella», cómo mantenemos vivo el pasado sin pasar a ser sus prisioneros. El recuerdo del pasado no debe ser obstáculo para que la sociedad vaya superando aquellas divisiones que en algún momento amenazaron destruirla. Este esfuerzo ha sido ensayado por diversos regímenes políticos y sostenedores de las más variadas ideologías. Ninguna sociedad sana vive de atizar el recuerdo de los crímenes de su pasado.
Por tanto, en frente de los derechos humanos hay que caminar con dos pies: uno que alude a la memoria, y otro, a la superación de las heridas del pasado.
Para quienes creen en opciones absolutas, lo anterior es ambiguo. Para ellos, el dilema es o amnistía total o justicia total. Pero esa pretensión es desnudada por el doble estándar, que es lo que está sucediendo con los acuerdos de paz en Colombia. La derecha los ha rechazado porque entregan a los guerrilleros reducciones de penas a cambio de verdad, y cumplimiento de sus condenas en lugares que no sean cárceles… ¡lo que piden en Chile para los agentes del régimen militar acusados de atropellos a los derechos humanos! A su vez, la izquierda latinoamericana, encabezada por Raúl Castro, pide para los guerrilleros en Colombia (indultos parciales y penas en lugares que no son cárceles… incluso para personas que están en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales) lo que niegan a los violadores de los derechos humanos en las dictaduras de derecha.
Tomando pie en las consideraciones anteriores es conveniente adoptar dos tipos de medidas. Una, que debe alcanzar a todo preso, no solo a los condenados por derechos humanos, y es que cuando se encuentren afectados por enfermedades terminales, con independencia de su edad y previa certificación del SML, deben ser recluidos en centros asistenciales o en sus hogares, sin mediar cambio de condena.
La segunda es que en el caso de condenados por derechos humanos que quieran obtener beneficios carcelarios, lo podrán hacer si se comprometen -acorde con estándares internacionales- a dos actuaciones copulativas: una, el arrepentimiento público del hecho en que participó y, dos, la colaboración eficaz con la justicia; esto es, la entrega de información útil y certificada por el juez, que contribuya al esclarecimiento final de los hechos. Esto podría abrir camino a espacios de verdad en un momento en que todavía persiste el desconocimiento del paradero final de más de mil personas», señala Genaro.
