“Declarar la nulidad de la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regularizaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y su Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones” es lo que busca el proyecto de ley, originado en moción, discutido el pasado martes 15 de noviembre en la Comisión de Constitución.

Ese día, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aseguró que la postura del Ejecutivo es clara: “Nos parece que esto es inconstitucional y esperamos que la Comisión comparta también esta posición. Nosotros tenemos que resguardar adecuadamente el marco constitucional de funcionamiento de nuestro país y eso es lo que vamos a hacer siempre”, expresó.

La diputada UDI Marisol Turres coincidió con la postura del Gobierno asegurando que en nuestra legislación no está contemplada la posibilidad de declarar la nulidad de una ley. “Eso no existe, constitucionalmente es imposible que ello se dé. El único organismo llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley es el Tribunal Constitucional”, precisó.

La legisladora manifestó que si esto fuera posible, las consecuencias podrían terminar siendo desastrosas. “Esto dejaría desregulado todo lo que significa la actividad en el mar, no tendríamos las millas que están reservadas para la pesca artesanal, todo lo que significa el cuidado de las distintas pesquerías, la opinión de expertos para efectos de poder determinar cuál es la cuota que se puede capturar de cada una de las especies en nuestro mar, entre otras”, comentó.