Chile es el país más sísmico del planeta y de acuerdo a los promedios, se presenta un terremoto de magnitud 7 o superior cada cuatro años y un maremoto cada 14 años, constituyendo así la principal amenaza a la seguridad pública.
El terremoto de 2010 puso a prueba el sistema de emergencia, mostrando deficiencias importantes, especialmente en lo que respecta al monitoreo sismológico, fundamental para las alertas de maremoto, el mejoramiento de la norma sísmica, y otras herramientas importantes para la gestión de emergencias.
El sismo de magnitud 6,4 Richter que alcanzó una intensidad VII Mercalli y que afectó desde Coquimbo a La Araucanía, pasado el medio día de este viernes, nuevamente generó el colapso de las comunicaciones, activación de alarmas y el foco en la ONEMI.
En los últimos seis años la polémica sobre la instalación de casi 600 instrumentos pertenecientes a la red sismológica por un costo cercano a los $18 millones de dólares encontrados en bodegas de ONEMI producto de una fiscalización parlamentaria en 2012, ha sido recurrente, pero de manera menos conocida es la acción de la Contraloría General de la República.
Las fiscalizaciones parlamentarias realizadas por los diputados DC Ricardo Rincón y Matías Walker no solo han incomodado a las autoridades de ONEMI e Interior, sino que también ha llamado la atención del organismo Contralor que en un oficio de 2015 señala que se establece “proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por el atraso y la falta de resguardo de los equipos adquiridos para la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Chile, lo cual ha significado que, a más de seis años de presentado el proyecto no se encuentre culminado, con el consiguiente impedimento para transmitir información relevante sobre sismos en tiempo real para el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, y otros servicios que estimen pertinentes”.
Más complejo es el último informe de la Contraloría General de la República que termina por abrir un segundo sumario a ONEMI y otro a la Universidad de Chile, el cual cuestiona el uso, rendición y control de cerca de dos mil millones de pesos, ausencia de protocolos de entrega de las estaciones sismográficas, irregularidades de instrumentos en terreno, cuestionamiento de las competencias de ONEMI por instalar instrumentos, 95 equipos de transmisión satelital sin utilizar y que quedaron obsoletos sin haber alcanzado a ser instalados, falta de mantención de acelerógrafos, y otras tantas irregularidades y problemas de gestión que arrojan observaciones tan particulares como lo indicado por la Contraloría en su informe “una posible explicación para la gran cantidad de sismos falsos captados por estaciones podría ser la cercanía de estas a entradas y salidas de vehículos, como también a calles transitadas”, por otra parte el atraso de tres años en firma y recepción de equipos lo que el organismo contralor califica como algo que “contraviene los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad”.
Las observaciones de la Contraloría suman y siguen, de la misma manera como ha sido la fiscalización de los diputados Rincón y Walker que no terminan de incomodar a las autoridades, especialmente dado que en las últimas comunicaciones han insistido en un pronunciamiento de Interior sobre las responsabilidades de ONEMI, especialmente aludiendo a que su director ha entregado información que no se ajusta a la verdad lo que los ha llevado a tener que permanentemente verificar con otras fuentes la veracidad de sus dichos, así como informar al propio diputado Matías Walker y a la Comisión de Defensa – principios de noviembre de 2015 – que los instrumentos sismológicos estarían integrados en su totalidad a la red sismológica nacional a mediados de dicho mes, cuestión que finalmente no ocurrió. Molestia parlamentaria que ha llevado a que las fiscalización e insistencias se mantengan a la espera de respuestas que parecen no llegar, pues por ahora el ministerio del Interior no se ha pronunciado por las responsabilidades de lo que ya ha implicado la constatación de hechos cuestionados por la Contraloría, que incluye la favorable acogida a una presentación realizada por los parlamentarios abriendo un Juicio de Cuentas, y que no solo involucran miles de millones de pesos, sino que por sobre todo al sistema de monitoreo y alerta del país más sísmico del planeta.
El experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, señaló a INFOGATE que “Chile requiere de una red sismológica robusta. En salud sería equivalente a tener a una persona monitoreada 24/7”. “Lamentablemente, y a pesar de los seis años que han pasado, tres grandes terremotos y dos maremotos, el fortalecimiento de la red sismológica ha estado caracterizado por la mala gestión, el atraso e incluso cuestionamiento al desarrollo de obras y financiamiento, y una inversión de miles de millones de pesos que hoy probablemente implicará que el Estado deberá además incurrir en gastos adicionales por los errores cometidos, especialmente por ONEMI”
Contraloría ha abierto dos sumarios en contra de ONEMI tanto por el retraso en la instalación (Instrumentos) como por las graves irregularidades detectadas en la última auditoría según consigna el informe 669/2015 del 20 de junio del año en curso.
