Cabe recordar que esta Comisión Investigadora fue creada el 4 de noviembre del año pasado, a petición de 56 diputados. Para realizar su cometido, la instancia recibió a una amplia lista de invitados. Entre ellos, el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo; el Contralor General, Jorge Bermúdez; el periodista Mauricio Weibel; el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez y el ex ministro Rodrigo Hinzpeter.

El resultado de este trabajo es el informe aprobado por la Sala, que describe los distintos testimonios, incluidos los de las propias autoridades del Ejército, del Gobierno y de la Contraloría, para luego dar paso a un capítulo dedicado a establecer las conclusiones de la investigación.

En este marco, la Comisión estimó que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y en el desempeño de su labor, tiene responsabilidades por cuanto hubo falta de diligencia y cuidado al tomar razón, el 13 de mayo de 2005, de un texto que no era original (DS Nº 124, del Ministerio de Defensa), que fue sustento para limitar su “potestad plena” y que contribuyó a no tener una política permanente y eficaz de fiscalización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre entregados a las diversas instituciones de las FF.AA.

Además, se acusa falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario, tomando en consideración la importancia estratégica del área, los cuantiosos recursos que se administran para la compra y mantención del potencial bélico y las especiales características de riesgo; y falta de celo en sus funciones al no ejercer acciones para observar que las rendiciones de cuenta entregadas por el Ejército al Ministerio de Defensa se encuentran en esta Cartera pendientes de aprobación.

En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control y se asigna responsabilidad a los Subsecretarios de FF.AA. por el retraso en la aprobación de las rendiciones de cuentas de las inversiones remetidas trimestralmente por el Ejército, previa revisión de los organismos controladores.

Además, se observa que los Ministros, en el período de competencia de esta Comisión, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también asignó responsabilidades al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. «No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos, como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Contraloría del Ejército», se precisa.

También se le asigna a Fuente-Alba falta de diligencia, por no atender recomendaciones de la Contraloría y se le critica su falta de anuencia para concurrir a la Comisión.

El informe da cuenta que la Contraloría General del Ejército (COTRAE) no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela; se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejercito haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la Institución; y se acusa al Comando de Apoyo a la Fuerza, y muy particularmente a los generales que lo dirigieron entre 2010 y 2014, de no cumplir su deber de controlar los fondos provenientes de la LRC».

En este ámbito, el texto hace también mención al Consejo Superior de la Defensa Nacional, al Banco Central, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos, la Unidad de Análisis Financiero y Codelco.

Recomendaciones

El informe recomienda la derogación de la Ley Reservada del Cobre y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. Asimismo, se plantean modificaciones al modelo de transferencia del 10% de Codelco y la utilización del Fondo de Contingencia Estratégica.

Además, se recomienda que todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y fines respectivos; que se potencie la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización; que el Ministerio de Defensa Nacional fortalezca los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución; y que se especifiquen los Decretos de Inversión asociados a un Proyecto.

Finalmente, entre otras múltiples sugerencias, se pide una actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa, así como lo relativo a la incompatibilidad de exoficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa; que establezca un Sistema de Prevención de Delitos y de denuncias al interior de las FF.AA.; se implemente un modelo de gestión de riesgo en el Ejército y se fortalezca el sistema de control institucional.

Al respecto, el diputado Pilowsky señaló que el respaldo transversal al informe revela «un apoyo al trabajo serio y responsable que realizamos durante varios meses y que logró establecer que para que se produjera este fraude, hubo una tormenta perfecta, existiendo falta de fiscalización de diversos organismos y reparticiones que están vinculados a la utilización y control de los fondos que entrega la ley reservada del cobre”.

“Por un lado, la Contraloría General de la República se autolimitó en sus facultades para poder fiscalizar adecuadamente la utilización de estos fondos. A su vez, el Ministerio de Defensa, específicamente la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dejó de realizar, de manera negligente a nuestro juicio, una fiscalización del uso de los fondos que se le entregan a las instituciones armadas, particularmente en este caso, al Ejército”.

El diputado DC precisó que “el factor más relevante que incidió en este caso, es la falta o negligencia en el ejercicio de sus funciones de los generales que estaban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza durante el período del ex Comandante en Jefe, Juan Miguel Fuentealba, ya que esa es la repartición que administra, promueve y controla la utilización de los fondos de la ley reservada del cobre”.

El parlamentario, también hizo hincapié en la actuación del Ejército, señalando que “no es posible que durante más de 5 años no se hayan establecido sistemas eficientes y seguros de fiscalización en el Ejército. No es posible que durante más de 5 años, un cabo de dicha institución haya apostado en un casino más de $ 2.400 millones de pesos, sin que salten las alarmas internas. Tampoco es posible que en el año 2011, un coronel de inteligencia de Ejercito haya entregado un informe al general Villalobos, actualmente en retiro, precisamente haciendo alusión a 2 cotizaciones que fueron falsificadas, y nada se hizo y que finalmente estas 2 personas terminaron en prisión porque son parte del fraude. Claramente aquí fallaron los sistemas de control”.