La frase del año “No hay un puto peso” con que el presidente ejecutivo de Codelco, el ex ejecutivo de las mineras de Luksic, Nelson Pizarro, ha provocado dos efectos deseados –por algunos sectores- el primero que retome fuerza terminar con el 10% de las ventas que van a un fondo para las FFAA y que administra el Ministerio de Hacienda y por otro lado, que se comience a hablar de vender parte de la estatal o sea iniciar el proceso de privatización. Efectos claramente logrados a partir de las destempladas y coloquiales reflexiones del alto ejecutivo, que este viernes fueron acompañadas del balance financiero del primer semestre de 2016 que arroja pérdidas por US$97 millones, pérdidas relacionadas con el bajo precio del metal rojo.

En este escenario de casi un Codelco al borde de la quiebra, resurge con fuerza el debate por terminar con la Ley del Cobre.

Y desde Temuco, el ex Presidente Sebastián Piñera se sumó a las voces para poner fin a la LRC: «Nosotros presentamos un proyecto de ley para reemplazar la Ley Reservada del Cobre y buscar otro mecanismo de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, ese proyecto de ley lo presentamos durante nuestro Gobierno y desgraciadamente se quedó empantanado (…) Yo sí creo que hay que cambiar la forma en que se financian nuestras las Fuerzas Armadas, porque poner un 10% de impuesto a las ventas de Codelco la pone en una situación de desventaja respecto a otras empresas mineras. Y nuestras Fuerzas Armadas necesitan por su puesto financiamiento adecuado para cumplir con su misión, proteger nuestra seguridad y soberanía».

Pero buscar terminar con la Ley Reservada del Cobre no es nuevo, ya el pasado 7 de enero el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, -a título personal- dijo “Ley Reservada del Cobre debe ser derogada. Tener asociado el precio del cobre a necesidades estratégicas militares de Chile no tiene sentido, lo que sí tiene sentido es tener un mecanismo de presupuesto estratégicos plurianuales, como entiendo tienen todos los países del mundo con FF.AA. bien manejadas…” sostiene el economista que recalcó a T13Radio que su opinión en este tema es absolutamente personal y no como autoridad. De paso Landerretche con la misma fuerza que pide el fin de la LRC defiende los estratosféricos sueldos de la plana mayor de la Cuprífera.

Pero mucho antes, durante la primera administración de Michelle Bachelet, el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco señalo el 31 de agoto de 2009: “Hace meses la Presidenta comprometió una modificación legal para que tengamos una empresa como Codelco con menos restricciones, además con un mejor gobierno corporativo y un régimen de financiamiento de las necesidades de Defensa como tienen los países avanzados y ese compromiso que la Presienta asumió hace meses, está a punto de materializarse”, en esta misma línea, ese mismo día de 2009 el entonces ministro de Defensa Francisco Vidal señalaba: “Hoy están las condiciones políticas, como nunca, para reemplazar la Ley Reservada del Cobre por una ley que le garantice a la sociedad chilena que sus FF.AA., tendrán un presupuesto plurianual, seguirán siendo equipadas y renovado su material y finalmente cumplan su objetivo, y el objetivo único de las FF.AA. de Chile es asegurarnos vivir en paz”, sentenciaba en esa época.

Por esos mismos días (30 de agosto de 2009) Sebastián Piñera había planteado que era partidario de derogar la Ley del Cobre pero con la salvaguardia de establecer un mecanismo que garantice financiamiento estable y de mediano plazo.

Pero dentro de este escenario, Nelson Pizarro entregó un dato que podría ser considerado contradictorio ya que hubo pérdidas pero se recuperó la producción de cobre. Pizarro también informó que de enero a junio de este año, se logró una producción histórica de 843 mil toneladas de cobre y que la empresa, durante el mismo periodo, logró reducir sus costos en un 9%. Codelco, además, registró excedentes por US$ 54 millones debido en gran parte a este plan de reducción de costos.

Perú copia el modelo de Chile
En marzo de 2009, bajo el mandato de Alan García, se impulsó la ley que establece un fondo de compras militares que serán financiadas con la destinación permanente de un porcentaje de regalías mineras, que incluye gravámenes a yacimientos de hidrocarburos. En junio del mismo año, el texto legal fue presentado por el entonces Primer Ministro peruano Yehude Simón, que fundamentó la norma legal aludiendo directamente a Chile: «Tomemos conciencia de que es importante que del canon (de regalías mineras) se pueda tomar un porcentaje para modernizar las FFAA. Debemos asumir un rol más patriótico, tenemos que entenderlo, nuestros vecinos tienen su seguridad porque se modernizan y tienen armamento de última tecnología».

La historia de la Ley chilena
La primera ley que destinó dinero fiscal para uso militar fue la Ley N°6.152 del año 1938, que establecía el arrendamiento de terrenos fiscales en la Provincia de Magallanes y disponía en su artículo 34 que el 90% de los fondos percibidos por el Fisco por esa vía, se destinaran a la adquisición de material de guerra y a “satisfacer las necesidades más urgentes” de las FFAA de ese entonces. La norma se complementó el mismo año 1938 con otra ley, la Ley N°6159, que autorizó al Presidente de la República a realizar adquisiciones, construcciones o fabricaciones de elementos necesarios para la Defensa Nacional. Una nueva norma, la Ley N°6160 de ese mismo año, fijó un monto máximo para esos ingresos de US$10 millones de la época. Por cierto, ambas leyes al igual que la primera, eran reservadas.

Este primer antecedente de la actual Ley Reservada del Cobre se conoció como “Ley de Cruceros” y se dictó como respuesta al reequipamiento de la Armada Argentina durante esos años, y la asignación de recursos para material de guerra estaba orientada especialmente para la adquisición de cruceros para la Armada.

En el año 1942, bajo la presidencia de Juan Antonio Rios, la Ley N°7144 creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA) para administrar, vigilar y controlar la inversión de los recursos entregados por las leyes anteriores dejando fuera de la discusión al Congreso Nacional de la toma de decisiones en la compra de equipamiento bélico de las FFAA.

Pero la Ley N°11.828 sobre “nuevo trato del cobre” del año 1955, terminó con el sistema especial de cambio, los fondos en divisas se acabaron. La situación se revirtió el año 1958, bajo el segundo Gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, que dictó la Ley N°13.196 del 29 de octubre de 1955, que gravó con un impuesto de 15% las utilidades de la minería del cobre para financiar directamente a las FFAA.(exclusivamente para la adquisición de equipamiento). Ésta puede considerarse como la primera Ley del Cobre propiamente tal.

A fines de 1973 la Ley N°13.196, mediante el Decreto N°239, fue modificada incorporano:
-Cambio de la tasa del impuesto a un 10%de los ingresos totales por exportaciones de Codelco.
-Se establece un ingreso mínimo de 90 millones de dólares anuales.
-División de los ingresos en partes iguales para las tres Instituciones de las FFAA, las cuales aportarían 3.3 millones de dólares anuales a una cuarta cuenta de CONSUDENA para financiar proyectos de interés conjunto.
-Si a través del impuesto no se lograba recaudar el mínimo establecido, el Fisco debía completar la diferencia.