El 8 de julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de seis miembros del Ejército en retiro como responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados el 17 de octubre de 1973, en Copiapó, en el marco del denominado caso «Caravana de la muerte».
De acuerdo a la sentencia de primera instancia, dictada por la ministra en visita Patricia González, se logró determinar que «el día 16 de octubre de 1973, en horas de la noche, como a las 20 horas, llegaron a Copiapó en un helicóptero «Puma», un grupo de personas, pertenecientes al Ejército de Chile, comandadas por un general del mismo, quien portaba un documento en el que constaba que tenía atribuciones delegadas por el Comandante en Jefe del Ejército de entonces, para «cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales», como también, «para revisar y acelerar los procesos»; algunos de dichos funcionarios al mando del general a cargo, junto a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento Atacama de Copiapó, luego de efectuar una revisión, estudio y selección de las fichas y antecedentes de los detenidos existentes, sin que conste que haya existido alguna causa o proceso en su contra, y por una parte procedieron a sustraer, a apartar en horas de la noche, a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del Ejército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar».
«Luego, el grupo de militares pertenecientes al Regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardones, los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos, utilizando para ello fusiles SIG calibre 7.62 mm, falleciendo todos en el lugar. Verificadas las muertes de las mencionadas personas, los cadáveres fueron trasladados a la unidad militar, y posteriormente desde ese lugar al cementerio de la ciudad, y luego de ser identificados, fueron sepultados en una fosa común, practicándose las correspondientes inscripciones de defunción», dice el fallo.
Es en este punto en que la Agrupación de Familiares y Amigos de los Ejecutados Políticos de Atacama aseguró: «Levantamos la voz para clamar porque se resalte la verdad de los hechos y no prevalezca el montaje del Ejército, de que fueron fusilados en la cuesta cardones y denunciar una vez más que el Ejercito de Chile protege a los peores criminales de la historia de Chile, ya que fue la Fiscalía Militar la que perdió los expedientes donde estaban los estudios tanatológicos y no se hizo ningún sumario al respecto, y es por ello que nos cuentan la versión que en los documentos extraviados estaba escrita».
«El 17 de octubre de 1973 en la Cárcel de Copiapó, a las 00:30 horas en un camión militar pasaron a buscar a los 9 prisioneros políticos. Cuando los nueve detenidos fueron subiendo al camión cerrado con un toldo, se encontraron con los otros cuatro prisioneros que ya estaban arriba con sus manos amarradas a la espalda, a quienes los habían subido en el regimiento», agregó la agrupación.
«Inmediatamente después la comitiva de la Caravana de la Muerte, según testigos militares de la época, los llevaron a todos al regimiento local, y no a la Cuesta Cardones donde supuestamente los fusilaron. En la madrugada del 17 de octubre de 1973, los asesinaron a todos, en el mismo momento y en el mismo lugar al interior del Regimiento», declaró.
«Diecisiete años más tarde, el 27 de julio de 1990 se halló la fosa clandestina donde habían sido escondidos los cuerpos de los 13 ejecutados de Copiapó, y donde no estaban los tres ejecutados de El Salvador. En los exámenes de peritaje en Instituto Médico Legal solo se encontró una bala en uno de los cuerpos, el resto eran sólo cortes de corvos, cuchillos, yataganes, quebraduras de cráneos y quemaduras de sopletes. Lo que se puede demostrar con las imágenes del momento en que los cuerpos fueron desenterrados de la fosa», indicó la entidad.
«A 42 años, aún consideramos que se mantiene la impunidad en la mayoría de los casos de los ejecutados y los detenidos desaparecidos. Y aun cuando se esté dictando esta Sentencia en Segundo Grado, seguiremos en la búsqueda de los tres compañeros de El Salvador detenidos desaparecidos por los miembros del Ejército de Chile que formaban la Caravana de la Muerte que pasó por Copiapó», concluyó.
