El fiscal a cargo del caso Corpesca, Emiliano Arias, confirmó lo que Infogate ha adelantado en sus artículos y entrevistas: los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca que están orientados al financiamiento irregular a la política se replicarían en otras empresas pesqueras a lo largo del territorio nacional.
«Sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca», explica el persecutor a La Tercera.
El Ministerio Público maneja una serie de claves para establecer lo anterior. En primer lugar, una serie de conversaciones, a través de correos electrónicos, entre ejecutivos y representantes de las pesqueras que reflejan una coordinación para ejercer lobby en el Parlamento, durante la tramitación de la Lay de Pesca en 2012.
En segundo lugar, casi todas las empresas vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur del país han realizado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) rectificatorias de impuestos no pagados en 2012.
En tercer lugar, se indaga el alcance de los pagos recibidos por el diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador DC Patricio Walker.
«Lo que nosotros estamos haciendo es que, tras haber cumplido un hito bastante trascendente, como haber desaforado al senador Jaime Orpis, que se le haya imputado además, a él, a la diputada Marta Isasi y al gerente general Francisco Mujica, la investigación avanza en relación a todos los otros actores», asegura el fiscal Arias.
Por ejemplo, las pesqueras que operan en la región del Biobío, cuya mayoría se asocia en Asipes. “Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses (…) hay asesores, hay rectificatorias y en los correos se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento», afirma.
En ese sentido, agrega: «En el caso de Corpesca, eso ya está acreditado con cohecho, y en el segundo, Fipes, que lleva mi colega Pedro Salgado, se encuentra en investigación. Entonces, tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos. Ese es el tema».
El persecutor detalla que las empresas han colaborado entregando informació. «Entonces, el resto de las coincidencias, si es que existen, vienen ahora en el análisis, cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca», señala Arias.
En esa línea, adelanta que «puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación».
«Estamos trabajando con el fiscal Pedro Salgado en forma coordinada. Lo que une estas investigaciones es la Ley de Pesca (…) encontramos un interés concreto que es manifestado en la ley (las Licencia Transables de Pesca). Ahora bien, acá hay un aspecto interesante. Algunos pueden decir que la ley habría salido de la misma forma del Congreso. Pero ese no es el tema. En nuestras investigaciones, lo que se debe tener en cuenta es la forma cómo algo se obtiene y si eso es a través de un cohecho. Eso es lo que nos importa, más que el resultado. El cohecho es un acto tan peligroso y tan reprochable, que lo que importa es que se cometa, más allá del resultado», resalta.
«La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción», concluye.
