Luego de convocar a los empresarios a sumarse al debate por una reforma al sistema de pensiones, la Presidenta Michelle Bachelet ahora se reunió con los presidentes y dirigentes de partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria para dar a conocer su propuesta y convocar al diálogo.

En el encuentro que se llevó a cabo en la sede de Gobierno, asistieron representantes desde la UDI al Partido Comunista, donde todos coincidieron en sumarse a la iniciativa que permita encontrar un sistema de pensiones más equitativo y justo.

A la salida de la reunión, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, indicó que además de trabajar propuestas en los distintos partidos políticos en materia previsional, ahora se trata de una iniciativa concreta impulsada desde el Gobierno.

La senadora indicó que la petición de Bachelet giró en torno a “lograr un pacto para mejorar el sistema previsional, en torno a responder a quienes hoy tienen pensiones muy bajas, en torno a quienes están hoy día cotizando y que no tienen expectativas de contar con recursos básicos para enfrentar la vejez”.

Goic indicó que se trata de llegar a un sistema tripartito “que es efectivamente solidario, pero que también tiene componentes de reparto, que es distinto a lo que hoy día conocemos como el sistema de capitalización individual y que responde no sólo a mecanismos de corto plazo, sino a una modificación estructural del sistema”.

Mientras, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, valoró que se convoque a un diálogo a todos los sectores para evitar así los “errores” de otras reformas que a su juicio han terminado “ideologizadas y que la ciudadanía ha rechazado en lo fundamental”.

Para el parlamentario, el tema de las pensiones es un problema de fondo planteado desde la ciudadanía. Y aunque reconoció no estar de acuerdo con todo lo propuesto por el Gobierno, sí se mostró abierto con aspectos centrales de la iniciativa, como la mantención del sistema de capitalización individual.

“La introducción de un pilar solidario no puede ser sólo pensada respecto de los más vulnerables, sino que también de la clase media que pareciera no estar muy presente y muy priorizada en la propuesta que hemos conocido”, subrayó Larraín.

A esto agregó que “se debe pensar no sólo en las grandes empresas, sino que también en las PYMES”, al tiempo que manifestó que las prioridades de su sector están en “trabajar por pensiones buenas, que piensen no sólo en los más vulnerables, sino en la clase media, que no produzcan un impacto negativo en el empleador generando un verdadero impuesto al trabajo, sino más bien ser sensatos, prudentes y no populistas”, sostuvo.

Video de Villalobos: “Supera los límites”

Entre los presidentes de partidos también hubo espacio para críticas al video publicado por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en el que sostiene que saldrá defender el sistema de pensiones que tienen los funcionarios de su institución.

Las declaraciones del jefe policial fueron rechazadas por el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quien las calificó como “altamente imprudentes”.

“Son casi un ruido de sables que me parece que ya supera los límites. Las fuerzas armadas tienen que ser parte de un proceso democrático y no de defensa corporativa. Y en ese sentido creo que el general director de Carabineros traspasó los límites de lo aceptable”, agregó Navarrete.

A las críticas se sumó la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, quien apuntó al fin del sistema previsional diferenciado del que gozan las fuerzas armadas.

Al respecto indicó que se trata de una propuesta que se deberá concretar en el tiempo, ya que “al menos algunos pensamos que tiene que haber un sistema universal, que esta duplicidad hoy día no es precisamente justa para el resto de los ciudadanos”, pero destacó que este no fue tema de debate durante el encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet.

Eso sí, subrayó que “la declaración suena efectivamente poco prudente, porque se adelanta a una defensa, en circunstancias que todavía nadie ha puesto sobre la mesa un cambio».

Allende agregó que “todos estamos conscientes que el Estado gasta una suma muy alta en un colectivo que no va más allá de las 137 mil personas. Gasta más de 2 mil millones de dólares en un colectivo que no va más allá de 137 mil personas, en circunstancias en que todo el pilar solidario, que es la pensión básica y el aporte solidario, en realidad favorece a un millón 300 mil personas” y debe desembolsar 2 mil 300 millones de dólares anuales, demostrando la inequidad de tener dos sistemas que a su juicio deben ser homologados.