Ayer, el Presidente José Antonio Kast junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer un conjunto de medidas económicas del Plan de Reconstrucción y que será ingresada al Congreso en los próximos días.
La iniciativa busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de las regiones de Ñuble y Biobío, y Viña del Mar, al mismo tiempo, impulsar la recuperación económica y fortalecer las instituciones que permiten desarrollar inversión y empleo en el país.
Principales medidas
1.- $400.000 millones adicionales para reconstrucción tras incendios: Se aumenta el financiamiento máximo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET-Incendios, creado tras incendios Viña del Mar en 2024) en $400.000 millones, con el objetivo de enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y del Biobío durante el mes de enero de 2026.
2.- IVA a la vivienda en 0% durante 12 meses para facilitar acceso a viviendas: Hoy hay 100 mil viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que convive con un déficit habitacional cuantitativo de 500 mil unidades. A nivel reglamentario se están tomando medidas estructurales para reducir el precio de la vivienda. Sin embargo, se requiere también la venta ágil de las unidades en stock. Se eliminará por 12 meses el IVA a la venta de viviendas.
3.- Subsidio al empleo formal para proteger el trabajo: Para la protección del empleo en riesgo de cesantía e informalidad, se creará un subsidio macroeconómico, sin fricciones ni barreras de acceso, en que se apoyará a los empleadores a pagar las cotizaciones de sus trabajadores contratados formalmente.
4.- Reducción de burocracia y permisos para destrabar inversión.
5.- Eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores: Cumpliendo la promesa de campaña, se elimina el pago de contribuciones para los propietarios mayores de 65 años, respecto de su primera vivienda.
6.- Reducción de la tasa estatutaria IDPC: Se reduce la tasa corporativa para medianas y grandes empresas de 27% a 23%, coherente con los promedios OCDE, para dar incentivo a la inversión.
