Tras una serie de auditorías, la Contraloría detectó deficiencias en la gestión de la seguridad pública en ocho municipalidades de la Región Metropolitana y cuatro del Biobío.

Los hallazgos incluyen falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad, cámaras inoperativas e incumplimiento de recomendaciones de Carabineros.

Además, también se detectó contrataciones sin respaldo técnico y multas no aplicadas, entre otras observaciones.

Al respecto, la CGR instruyó la adopción de medidas correctivas, la regularización de procedimientos e iniciar sumarios.

Cámara inoperativas y dron sin autorización en San Joaquín

El informe identificó deficiencias en la gestión del sistema de televigilancia comunal.

El Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023–2027 y un dron municipal fue operado en 31 ocasiones sin autorización de la autoridad aeronáutica.

Además, siete cámaras permanecían inoperativas desde hace meses —algunas por más de un año— y 12 cámaras lectoras de patentes no estaban conectadas al sistema de encargo y búsqueda de vehículos. Tampoco se acreditaron mantenciones preventivas del proveedor.

San Bernardo: tablets sin uso, multas no aplicadas y falta de control

Se observó la existencia de tablets sin uso y extraviadas, la no aplicación de multas en una licitación, vehículos no operativos y la ausencia de patrullajes preventivos permanentes.

Del mismo modo, se advirtió falta de seguimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública e inactividad de bicicletas y un dron adquirido para labores preventivas.

Lo Prado: Sin plan de seguridad y contrataciones sin respaldo técnico

El informe reveló falta de cumplimiento normativo del municipio.

Se verificó que no se remitió el Plan Comunal de Seguridad a las autoridades competentes ni se designó al representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ante el Consejo comunal de Seguridad Pública.

Además, se emitieron tres certificados sin firma ni fecha, adjudicando licitaciones por $10.321.227; y efectuó contrataciones directas por $29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas.

Irregularidades en adjudicación y falta de multas en Alhué

La CGR dio cuenta de deficiencias al adjudicar la licitación para la compra de cámaras de televigilancia financiada con recursos FNDR, al verificarse falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa, lo que incidió en la contratación de la empresa adjudicataria, cuya oferta era la más costosa.

También se comprobó la falta de acreditación de mantenciones preventivas comprometidas y la ausencia de multas por incumplimientos.

Lo Espejo: falta de control del comercio ambulante

Se constató el envío fuera de plazo del Plan Comunal de Seguridad Pública, falta de respaldo de actividades ejecutadas y ausencia de seguimiento por parte del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

También advirtió que el municipio no cuenta con ordenanzas que regulen el comercio ambulante ni con procedimientos para recuperar espacios públicos ocupados.

La Cisterna tiene vehículos en desuso y otros sin revisión técnica al día

Evidenció que la Dirección de Prevención del Delito, Seguridad Comunitaria e Inspección Municipal no demostró medidas de prevención realizas ni base de datos con registro e información actualizada de los delitos cometidos en la comuna.

Tampoco existe respaldo de la entrega de 53 chaquetas softshell, 171 poleras, 21 pares de botas, 48 poleras y 74 pantalones, por un total de $5.207.196.

Además, se encontraron 12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento.

En el caso de un vehículo y 10 motocicletas, no tenían la revisión técnica al día. En otras 8 motocicletas, no se acreditó la revisión técnica vigente, pese a contar con permiso de circulación.

También se determinaron debilidades en las actas del Consejo Comunal de Seguridad Pública de 2024. Por todas estas razones, el municipio deberá instruir un sumario.

Maipú: cámaras de televigilancia sin funcionamiento por casi un año

Se constató que 29 cámaras estuvieron entre 15 días o más meses de 2024 fuera de servicio, incluso uno de los aparatos registró 302 días sin funcionar.

Este fue uno de los hallazgos del Informe Final N°171 de 2025 que también evidenció que, en la recuperación de espacios públicos, uno de los operativos carece de la fecha de recepción de los bienes.

Respecto de personas en situación de calle, campamentos y rucos, el municipio no acreditó la realización de operativos o la eventual coordinación con otras entidades para llevarlos a cabo.

También se detectó falta de control de las actas que respalden los patrullajes realizados. Por estas y otras razones, el municipio deberá instruir un sumario.

San Miguel: entrega de permisos precarios sin requisitos

El informe advierte que el municipio otorgó 18 permisos precarios para comercio ambulante sin que cumplieran los requisitos de la Ordenanza Municipal.

A su vez, 43 permisos precarios otorgados no tenían autorización y 11 no habían presentado la solicitud.

En cuanto a los decomisos efectuados por actividades comerciales no autorizadas y sin permiso municipal, la entidad edilicia no entregó en 22 casos las actas de decomiso y la acreditación del destino de las especies incautadas.

También se advirtió que en 2025 no realizó decomisos por no contar con un espacio habilitado para el resguardo de las especies.

Adicionalmente, se advirtieron inconsistencias entre los datos registrados en el sistema GPS de cuatro vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y las respectivas bitácoras.

Concepción: cámaras y dispositivos fuera de servicio

La Contraloría Regional del Biobío reveló deficiencias en la operación del sistema de televigilancia comunal.

Solo el 55% de las cámaras está conectado al CENCO de Carabineros y la capacidad de visualización simultánea es limitada, lo que afecta la labor policial.

Asimismo, varias cámaras permanecen fuera de servicio por periodos prolongados y dispositivos destinados a la detección de vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024.

Asimismo, 18 cámaras destinadas a resguardar galerías comerciales del centro de Concepción, financiadas por Prevención del Delito por $54.948.000, no se encuentran operativas por problemas de conexión con el sistema municipal.

Pese a ello, la Subsecretaría aprobó la rendición del proyecto, contraviniendo la Política Nacional de Seguridad Pública.

Subutilización de equipos en Tomé

Los hallazgos dan cuenta que los funcionarios que monitorean las 218 cámaras de la comuna, es responsable de visualizar, en promedio, 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado Carabineros.

También reveló escasa dotación de conductores en la Dirección de Seguridad Pública municipal.

Así, para el patrullaje se usan entre dos y tres móviles por turno de lunes a viernes, y uno o dos los fines de semana, pese a contar con siete vehículos.

Adicionalmente, la municipalidad no presenta avances ni cumplimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública.

Coronel: Dotación Insuficiente de Operadores CCTV

El informe N°619 constató que, de las 132 cámaras de televigilancia, 54 tienen contrato de mantenimiento vigente. Los 78 casos restantes no tienen mecanismo de soporte permanente.

Asimismo, el Inspector Técnico de Obra de los contratos de ampliación y mejoramiento del sistema comunal de televigilancia, no exigió al proveedor el cumplimiento de las obligaciones de garantía y postventa ofertadas, lo que derivó en que 12 cámaras permanecieran fuera de servicio por más de un mes.

Por otra parte, se verificó que la central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de 132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros.

Talcahuano: Dispositivos fuera de servicio

El Informe Final N°35 de 2025, reveló que, de las 64 cámaras instaladas, 50 se encontraban inoperativas. De éstas, 18 han estado fuera de servicio durante más de un año.

Se identificó que, entre agosto de 2023 y enero de 2025, la central de televigilancia recibió 106 solicitudes de revisión de cámaras por parte de Carabineros, la PDI, Juzgados de Policía Local y Seguridad Municipal.

No obstante, en 65 de estos casos no se obtuvo material útil para las investigaciones de delitos o accidentes, debido a cámaras inoperativas y fallas técnicas.