La Cámara de Diputados aprobó esta jornada el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, marco en el cual también quedó incluida la indicación del Ejecutivo sobre levantamiento del secreto bancario sin orden judicial.
De esta forma, la iniciativa fue despachada al Senado para su tercer trámite.
El proyecto está inserto en la agenda priorizada de seguridad del Gobierno, que apunta a perseguir la denominada «ruta del dinero».
Sobre la aprobación, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, celebró que «este proyecto también incluye muchas herramientas para la UAF (Unidad de Análisis Financiero), pero en particular una muy importante, que es el levantamiento del secreto bancario, no en sede judicial, sino que en sede administrativa para poder tener análisis más apropiados y en el menor tiempo posible«.
La autoridad detalló además que la acción se podrá aplicar solo en tres casos: «Uno, en el caso de que el reporte de operación sospechosa provenga de un banco. Dos, cuando ese reporte de operación sospechosa se refiere a un funcionario público. Y tercero, cuando el reporte de operación sospechosa viene de una entidad jurídica, es decir, no de las personas».
Junto a lo anterior, Berner hizo hincapié en que «en ningún caso vulnera la privacidad de personas comunes«.
Seguimiento del dinero
En general, la propuesta legal incorpora nuevos mecanismos para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales. Entre ellos, el análisis de datos económicos y financieros, la trazabilidad de operaciones económicas, el intercambio de información entre organismos del Estado y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización.
Estas herramientas buscan anticipar y detectar redes criminales que utilizan el sistema económico para ocultar recursos ilícitos.
Cabe precisar que el texto legal establece que los informes de inteligencia económica no podrán utilizarse directamente en procesos penales. Esta medida busca mantener una clara separación entre las funciones de inteligencia económica y las investigaciones judiciales.
Igualmente, la iniciativa también introduce modificaciones en diversas leyes para fortalecer la fiscalización y aumentar sanciones frente a irregularidades económicas, incluyendo infracciones en casinos de juego, actividades de apuestas ilegales y obstrucción de fiscalizaciones.
