Por: Ignacio Vidal Beltrán, abogado, ex asesor MINVU y experto en temas de vivienda y reconstrucción, relacionada al 27F.
1. El 27-F: magnitud, impacto y significado histórico
La madrugada del 27 de febrero de 2010, Chile enfrentó uno de los eventos más devastadores de su historia republicana. Un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la zona centro-sur del país y, minutos después, un tsunami impactó extensas áreas costeras. Las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble —entonces parte del Biobío— y La Araucanía concentraron la mayor afectación territorial y humana.
Las cifras son conocidas, pero no por ello menos elocuentes: más de 500 fallecidos y decenas de desaparecidos; alrededor de 220.000 viviendas destruidas o con daños irreparables; miles de edificios con daños estructurales severos y varios colapsos emblemáticos que marcaron un antes y un después en la discusión normativa. En algunas comunas costeras del Maule y del Biobío, el porcentaje de viviendas totalmente destruidas superó con creces el promedio nacional, configurando verdaderos vacíos urbanos.
El impacto económico fue equivalente a cerca del 18% del PIB de la época. Infraestructura pública crítica, hospitales, escuelas, caminos, puentes, puertos, quedó fuera de servicio. El Estado debió reorganizar su capacidad operativa en tiempo real. La institucionalidad fue puesta a prueba no solo en su capacidad de respuesta inmediata, sino en su aptitud para diseñar y ejecutar un proceso de reconstrucción masivo, simultáneo y técnicamente exigente.
La reconstrucción habitacional se estructuró sobre la base de instrumentos ya existentes, particularmente subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ajustados a la magnitud del desafío. Los plazos fueron ambiciosos. En pocos años, la gran mayoría de las soluciones definitivas estaba entregada o en ejecución avanzada. No fue un proceso exento de dificultades, pero sí uno que logró restituir vivienda, tejido urbano y confianza institucional.
Desde el punto de vista normativo, el 27-F generó ajustes relevantes. Se reforzaron las exigencias estructurales y de control en el ámbito de la construcción. Se profundizó la discusión sobre la responsabilidad de constructoras, proyectistas y revisores independientes. El caso del edificio Alto Río en Concepción, cuyo colapso tuvo amplia repercusión pública y judicial, derivó en revisiones regulatorias y en una mayor conciencia sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad técnica y la fiscalización. La experiencia demostró que una normativa adecuada requiere, además de buenos textos legales, supervisión efectiva y cultura de cumplimiento.
2. Liderazgo y gestión: el rol del presidente Sebastián Piñera
La reconstrucción posterior al 27-F no se apoyó en reformas estructurales improvisadas ni en experimentos regulatorios de última hora. Se sostuvo, fundamentalmente, en liderazgo político, coordinación interministerial y capacidad técnica instalada.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió la conducción del país pocos días después del terremoto. En ese contexto, el liderazgo presidencial fue decisivo. Se articuló un modelo de gestión que integró al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Obras Públicas y a otras carteras sectoriales bajo una lógica de metas, seguimiento y rendición de cuentas.
El MINVU desempeñó un rol central en la reconstrucción de viviendas y barrios. El MOP, por su parte, lideró la reposición de infraestructura estratégica. La coordinación público- privada fue un componente estructural del proceso: empresas constructoras, oficinas de arquitectura, ingenierías, universidades y organizaciones de la sociedad civil fueron convocadas a colaborar. Se trató de una movilización técnica nacional.
La reconstrucción se realizó dentro del marco normativo vigente, utilizando y adaptando instrumentos existentes, sin paralizar el sistema con reformas de gran envergadura que habrían demorado la respuesta. Esa decisión, que puede parecer pragmática, fue en realidad estratégica: permitió ejecutar rápidamente sin desdibujar la seguridad jurídica. Con el paso del tiempo, este proceso será recordado como un hito de gobernanza en crisis. No solo por la magnitud de lo reconstruido, sino por la señal institucional de que el Estado chileno, con conducción política clara y equipos técnicos competentes, podía enfrentar una catástrofe de escala histórica y cumplir.
3. Incendios 2024 y 2026: una comparación necesaria
La comparación con los incendios de 2024 en Viña del Mar y otras comunas de la Quinta Región, así como con los siniestros de 2026 en la Región del Biobío, resulta inevitable. En estos casos, la reacción inicial del gobierno ha sido percibida como lenta y fragmentada. La aplicación de instrumentos como la Ficha Básica de Emergencia (FIBE/FIDE) ha evidenciado dificultades operativas, retrasos en la caracterización de damnificados y falta de claridad en los modelos de solución habitacional.
Los llamados especiales y fórmulas creadas ad hoc no han mostrado la eficacia esperada. La excesiva dependencia de nuevos marcos conceptuales, muchas veces inspirados en orientaciones ideológicas antes que en criterios de gestión, ha tensionado la ejecución. El Ministerio de Vivienda ha enfrentado cuestionamientos respecto de su capacidad para articular rápidamente subsidios ejecutables y carteras concretas de proyectos.
La colaboración con empresas privadas y con el mundo técnico no ha alcanzado la intensidad ni la claridad de propósito observadas tras el 27-F. La reconstrucción no puede convertirse en un laboratorio de ensayo normativo cuando miles de familias requieren soluciones oportunas.
4. Propuestas técnicas y normativas
Si algo enseñó el 27-F es que la reconstrucción debe apoyarse en el marco legal vigente, utilizando sus herramientas con decisión y criterio técnico. En materia normativa, es ilusorio pensar que reformas legales profundas pueden implementarse en plazos breves sin afectar la ejecución. La prioridad debe ser agilizar permisos y procedimientos dentro de la ley, reforzando capacidades administrativas y reduciendo tiempos de tramitación.
La Ley de Donaciones constituye un instrumento subutilizado. Es indispensable revisar sus incentivos tributarios y simplificar sus procedimientos para movilizar capital privado hacia la reconstrucción. La experiencia demuestra que el sector privado está dispuesto a colaborar cuando existen reglas claras y beneficios efectivos.
El DS No49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda, debe reactivarse como eje central. No es necesario reinventarlo, sino fortalecer sus mecanismos internos, acelerar la calificación de proyectos, asegurar disponibilidad presupuestaria real y retomar procedimientos tradicionales que demostraron eficacia tras el 27-F.
La vivienda industrializada puede y debe ser una herramienta aceleradora, especialmente en fases iniciales. Sin embargo, no puede transformarse en solución única. Debe complementarse con construcción tradicional, adaptándose a realidades territoriales y culturales diversas.
En el ámbito técnico, resulta pertinente ajustar registros y exigencias de la División Técnica del MINVU para facilitar la participación de empresas de regiones no afectadas. Incorporar experiencia previa en reconstrucción es clave para evitar improvisaciones. La Cámara Chilena de la Construcción tiene un rol ineludible. Su capacidad logística, su conocimiento técnico y su red de empresas pueden constituir un soporte decisivo. Se requiere una coordinación público-privada formal, con metas y responsabilidades definidas.
5. Rol político futuro y responsabilidad de la centro-derecha
La coalición que respalda al presidente José Antonio Kast, en el escenario planteado, tiene la responsabilidad de asegurar gobernabilidad y colaboración institucional. La reconstrucción no admite trincheras partidistas. El trabajo conjunto entre MINVU, MOP y equipos técnicos especializados debe estructurarse desde el inicio. Convocar a profesionales con experiencia real en procesos de reconstrucción no es una opción ideológica, sino una decisión de eficiencia.
6. Felipe Cubillos y el espíritu de Desafío Levantemos Chile
Tras el 27-F surgió Desafío Levantemos Chile, liderado por Felipe Cubillos. Su figura encarnó la capacidad del sector privado para movilizar recursos, talento y compromiso en tiempo récord. Fue un ejemplo de colaboración transversal que trascendió sensibilidades políticas.
Ese espíritu debe retomarse. La reconstrucción exige liderazgo técnico y humano. Los mejores profesionales del país, desde la ingeniería hasta la gestión pública, deben asumir nuevamente el desafío.
7. Conclusión: unidad y confianza
Chile es un país expuesto a catástrofes naturales. Nuestra historia reciente confirma que la resiliencia no es un eslogan, sino una práctica institucional.
El 27-F fue un proceso titánico que se logró. Fue un hito histórico porque combinó liderazgo político, capacidad técnica y colaboración público-privada. Dieciséis años después, la memoria no debe ser solo conmemoración, sino aprendizaje activo.
La reconstrucción puede y debe transformarse nuevamente en un hito histórico. Para ello se requiere conducción, claridad normativa y confianza en quienes asumen la responsabilidad. La fecha del 27 de febrero debe unir a los chilenos en una convicción común: cuando el país enfrenta la adversidad con seriedad y unidad, es capaz de levantarse con más fuerza y mejores instituciones.
Acerca del autor: Abogado, Universidad de los Andes; Máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Diplomado en Derecho Urbanístico, Universidad de los Andes; Diplomado en Políticas de Vivienda y Ciudad, Pontificia Universidad Católica de Chile; Diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario, Pontificia Universidad Católica de Chile; Diplomado en Derecho Corporativo y Compliance, Universidad de los Andes; Diplomado en Derecho del Medio Ambiente, Universidad de los Andes. Especialista en gestión de políticas públicas habitacionales, derecho de la construcción y modelos de prevención de delitos (Ley 20.393). Se ha desempeñado como Asesor Jurídico Directo del Ministro de Vivienda y Urbanismo y como Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo en la Región de Los Ríos.
