El Sernac ofició a la concesionaria Azul Azul S.A., con el objetivo de recabar antecedentes tras una serie de reclamos presentados por hinchas que tienen la calidad de abonados del club.

Lo anterior, luego de que se reportara el supuesto bloqueo de acceso a personas abonadas, a raíz de incidentes ocurridos durante un partido frente a Coquimbo Unido.

Lo anterior derivó en una sanción aplicada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que prohibió el ingreso a un encuentro del campeonato de primera división.

En este contexto, el Sernac solicitó a la empresa una serie de antecedentes, entre ellos:

La versión de la concesionaria respecto de los hechos denunciados.

Copia de los contratos de abonos, junto a sus términos, condiciones y políticas vigentes.

El número exacto de abonados afectados por la prohibición de ingreso y el mecanismo utilizado para determinar a las personas involucradas.

La resolución sancionatoria emitida por la ANFP.

Medios de verificación que acrediten la notificación oportuna a los abonados afectados sobre la anulación de sus entradas.

Información que permita distinguir entre abonados involucrados en incidentes y aquellos que asistieron regularmente a los partidos.

Detalle si los hechos que motivaron la sanción emitida por la ANFP respecto de consumidores abonados, contempla eventuales mecanismos de devolución proporcional o compensación por los servicios no prestados, o bien, si esta situación se encuentra informada previamente en los términos del contrato.

Asimismo, el servicio solicitó a Azul Azul cualquier otro antecedente adicional que la empresa maneje respecto de los hechos y tendrá 10 días hábiles para entregar la información requerida.

El Sernac continuará monitoreando esta situación, con el objetivo de verificar eventuales incumplimientos a la Ley del Consumidor y resguardar los derechos de las y los abonados afectados.

Finalmente, el Servicio recordó que, en caso de detectarse infracciones, se reserva el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley, incluyendo acciones judiciales, procedimientos colectivos u otros mecanismos de protección al consumidor.