Con el inicio del nuevo gobierno y la llegada de Tomás Rau al Ministerio del Trabajo, vuelve a instalarse un debate estructural sobre el empleo público en Chile. Datos oficiales muestran que una proporción significativa de quienes trabajan para el Estado lo hacen bajo contratos a honorarios, aun cuando cumplen funciones permanentes. Especialistas advierten que esta práctica genera riesgos de gestión, judicialización creciente y costos fiscales relevantes. Ordenar esta modalidad aparece como uno de los primeros desafíos técnicos de la nueva administración.
El empleo público chileno enfrenta desde hace años una tensión estructural entre su diseño legal y su funcionamiento real. Los contratos a honorarios, concebidos originalmente como una herramienta excepcional para la prestación de servicios específicos y acotados en el tiempo, han pasado a cumplir un rol central en el funcionamiento cotidiano del Estado. Según el último Informe Anual de Personal del Gobierno Central de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), más del 30% de las personas que trabajan para el Estado lo hacen bajo esta modalidad, una cifra que se ha mantenido elevada de forma persistente durante la última década.
En la práctica, miles de trabajadores a honorarios cumplen jornadas regulares, reciben instrucciones directas, utilizan infraestructura pública y desempeñan funciones que son claramente permanentes. Esta situación ha generado un creciente cuestionamiento jurídico. En los últimos años, la Corte Suprema ha dictado múltiples sentencias estableciendo que, cuando existen elementos de subordinación y dependencia, la relación debe considerarse laboral, independientemente del nombre del contrato. Estos fallos han obligado a distintos servicios públicos a pagar cotizaciones previsionales retroactivas, indemnizaciones y reajustes.
El impacto de esta judicialización no es menor. Abogados del sector público y expertos en gestión fiscal advierten que los costos asociados a estas demandas no solo afectan presupuestos ya comprometidos, sino que también introducen incertidumbre operativa en servicios estratégicos. “El problema de los honorarios dejó de ser únicamente laboral y pasó a ser un asunto de gestión pública y riesgo fiscal”, explica Camila Cárdenas, jefa del área de Litigación y socia de SoyHonorario. “Cuando una figura pensada como excepcional se vuelve permanente, el Estado termina enfrentando costos que podrían haberse evitado con reglas más claras”, agrega.
En este contexto, el inicio del gobierno de José Antonio Kast abre una oportunidad para abordar el problema desde una lógica técnica, centrada en eficiencia, continuidad operativa y planificación presupuestaria. Especialistas coinciden en que ordenar el uso de honorarios no implica necesariamente aumentar el gasto público, sino corregir una práctica que se ha desviado de su objetivo original.
“Ordenar esta modalidad permitiría reducir la judicialización, dar mayor estabilidad a los equipos técnicos y mejorar la capacidad del Estado para planificar sus recursos humanos”, señala Cárdenas. En esa línea, el debate se instala como uno de los primeros test de gestión para el nuevo Ministerio del Trabajo, más allá de las reformas al mercado laboral privado.
