Incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública es el objetivo central de la reforma constitucional que aprobó la Sala de la Cámara y derivó a segundo trámite, informó la Corporación.

En lo medular, se busca reconocer el rol estratégico que cumple Gendarmería en la seguridad pública.

En tal plano, así como a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, se le entrega un rol de garantizar el orden público. Además, pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

Consecuentemente, se establece que la incorporación a las plantas y dotaciones solo se podrá hacer a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.

Luego, se especifica que los nombramientos. ascensos y retiros de los oficiales se efectuarán por decreto supremo.

Reinserción social y las asociaciones funcionarias de Gendarmería

El proyecto, adicionalmente, ordena al Presidente de la República a que, dentro del plazo de doce meses, contados desde la publicación de la reforma, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un servicio especializado en la reinserción social.

Dentro del mismo plazo, se enviaría una o más propuestas para adecuar a esta enmienda a la Constitución la Ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Por otra parte, mientras no se cree el mencionado servicio especializado, Gendarmería continuará encargada de la reinserción social. Para ello se atenderán las políticas, planes y programas que formule el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También se considerará lo dispuesto en la Política Nacional de Seguridad Pública y la necesaria coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para su ejecución.

Paralelamente, se indica que las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas. Cabe mencionar que la Comisión de Constitución estableció una excepción respecto de los civiles, sin embargo, la Sala rechazó dicha opción.

Del mismo modo, la Sala eliminó otra enmienda de la citada comisión que aclaraba que el traspaso no afectaba, en caso alguno, los derechos adquiridos por sus funcionarios (uniformados o no).

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