La Contraloría Regional de Ñuble determinó que la Municipalidad de Trehuaco no ejecutó los controles necesarios en la revisión y validación de facturas emitidas por proveedores.

El informe da cuenta que, la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada, hubo emisión de 8 facturas por un total de $537.107.780, pese a no existir obras ni servicios asociados.

Una situación similar se constató con la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, que emitió 5 facturas por $144.741.901 correspondientes a servicios no prestados.

Se comprobó que documentos tributarios de ambas empresas fueron cedidos a compañías de factoring, aun cuando los servicios no se realizaron, por un monto total de $492.076.782.

La CGR señala que el municipio no objetó facturas dentro de los plazos establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, generando su aceptación irrevocable.

Como consecuencia, la entidad quedó obligada a pagar $63.145.808, cifra que incluye $28.343.814 ya pagados a proveedores.

A la fecha de la fiscalización, la municipalidad tampoco había presentado acciones judiciales para su defensa.

Eventual conflicto de interés

Otra de las observaciones contenidas en el informe indica que el director de la DOM respondió requerimientos y aceptó cesiones de facturas de empresas de factoring sin contar con atribuciones legales, contrariando los deberes funcionarios establecidos en el artículo 52 del Estatuto Administrativo.

Por otro lado, el administrador municipal firmó los decretos de pago por $3.956.750, pese a ser socio de SOTIR SpA, infringiendo la ley.

El mismo funcionario firmó el decreto de pago N° 1.253 de 2024 por $7.991.400, correspondiente a servicios odontológicos prestados por una empresa cuyo propietario mantiene vínculo de parentesco por afinidad con él y con quien comparte una sociedad comercial.

Acciones derivadas

La Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Trehuaco, con el propósito de determinar responsabilidades administrativas.

Además, ordenó al municipio remitir, en un plazo de 5 días hábiles, las investigaciones sumarias iniciadas mediante los decretos alcaldicios N° 944, 945 y 946 de 2025.

Adicionalmente, remitirá estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que correspondan.