Diputados RN pidieron a la Contraloría determinar si es legal la expropiación que quiere llevar el Gobierno de la megatoma de San Antonio, pese a una orden judicial que ordena el desalojo.
El requerimiento fue hecho por Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton.
Los parlamentarios recordaron que la mega toma -donde viven cerca de 10 mil personas- fue objeto de una acción judicial presentada por sus propietarios, Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso en 2023 y ordenó el lanzamiento de los ocupantes, resolución que fue confirmada por la Corte Suprema.
Sin embargo, apuntan a que más de dos años después, el desalojo no se ha ejecutado.
Oficio a la CGR
El oficio surge luego de que el Ministerio de Vivienda anunciara la expropiación de alrededor de 100 hectáreas del predio para levantar un proyecto habitacional.
RN advierte que una decisión así podría vulnerar principios esenciales del ordenamiento jurídico, sustituir la ejecución de una sentencia judicial y terminar legitimando una ocupación ilegal.
“El Estado tiene el deber de hacer cumplir las resoluciones de los tribunales, no de reemplazarlas por vías administrativas que además castigan al propietario y premian a quienes usurparon el terreno”, señalaron.
Los parlamentarios recalcan que la figura de la expropiación es un mecanismo excepcional que, según la Constitución, solo puede utilizarse bajo motivos estrictos de utilidad pública y nunca para corregir hechos consumados derivados de una infracción a la ley.
Este precedente “abriría la puerta a que futuras usurpaciones se transformen en un método de presión para obtener beneficios habitacionales”, debilitando la autoridad de la justicia y afectando gravemente la seguridad jurídica.
Qué piden los diputados
Los diputados piden a la CGR determinar si el Gobierno tiene atribuciones para expropiar terrenos que cuentan con una orden judicial de restitución vigente y si esta actuación se ajusta a los principios de juridicidad, proporcionalidad y respeto a la función jurisdiccional.
Además, solicitan que el organismo recabe antecedentes del Minvu para evaluar el procedimiento anunciado.
