El Ministerio de Justicia se refirió este lunes al caso de Bernarda Vera, una detenida desaparecida que apareció viviendo en Argentina, indicando que esto fue detectado por el Plan Nacional de Búsqueda.
El caso fue dado a conocer por un reportaje de Chilevisión, mostrando que Vera fue inscrita en la lista oficial de DDDD del régimen de Augusto Pinochet y su nombre figura en el Informe Rettig.
Sin embargo, la supuesta víctima fue descubierta por el canal de televisión viviendo en Argentina.
Ministerio de Justicia
Desde Justicia se indicó que el caso ha sido objeto de una “larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos” que forma parte del Plan Nacional de Búsqueda.
“Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado “episodio Liquiñe”, a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios”.
Justicia señala que “ante estas incongruencias en los relatos”, se remitieron comunicaciones a la PDI, Registro Civil, Cancillería y ACNUR para recabar antecedentes.
“Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima”, indica.
Indica que en abril de este año se vuelve a pedir información a Cancillería y se recibe “por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco”.
“Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como “Bernarda Vera” con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”.
Lo anterior “por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona”.
Ante esta nueva información, las autoridades ministeriales remitieron en mayo pasao los antecedentes nuevos al ministro en visita extraordinaria para causas de lesa humanidad, Álvaro Mesa.
Este ministro abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda.
Además, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente.
Detectada por el Plan Nacional de Búsqueda
Justicia considera este caso como una “excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”.
En esa línea, indican que el trabajo de revisión de trayectorias “ha permitido revelar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contardo”.
Se da cuenta que hay otros casos el de Luis Alberto Pino Soto, de 14 años, que “si bien fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no quedó en los registros de víctimas por un error de transcripción en los listados de la comisión”.
“Ambos casos han sido puestos en conocimiento de los tribunales de justicia para que éstos puedan determinar una verdad judicial y ordenar las correcciones necesarias”, mencionan.
Acá se puede leer el comunicado completo
