La Contraloría General de la República dio curso al decreto que «Aprueba Política Nacional de Construcción Naval».
El organi contralor, hace hincapié en que «el contenido de ese acto no reviste carácter normativo«, lo que obliga a que «los objetivos y acciones que en él se fijan, deberán sujetarse en su concreción a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente«.
Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric firmó el mencionado decreto el pasado 10 de enero en una actividad efectuada en ASMAR Talcahuano.
Límite de atribuciones
En el dictamen -N° E114714 del 8 de julio último- de la toma de razón del mencionado decreto, firmado por la contralora Dorothy Pérez, se hizo hincapié en que «en la implementación de la Política Nacional de Construcción Naval, las instituciones responsables y colaboradoras consideradas en el mismo, no podrán exceder el límite de las atribuciones que la ley les asigna en relación con las acciones que les corresponde ejecutar» (aludiendo aquí que aplica el criterio contenido en el oficio N° 31.378, de 2019, referido al dictamen de la CGR sobre la toma de razón del Plan Nacional de Derechos Humanos).
Organismos autónomos y entidades privadas
Añade a continuación que, «en lo que atañe a las acciones previstas en la aludida Política, que consideran la intervención de organismos autónomos o de entidades privadas, debe consignarse que, para que proceda esa participación, es necesario que, previamente, se celebre un acuerdo entre aquellos y los respectivos órganos de la Administración del Estado, con arreglo a la normativa pertinente (aludiendo a que aplica el criterio contenido en el oficio N°E297678, de 2023, referido también al Plan Nacional de DDHH).
Concluye señalando que «es del caso manifestar que no compete a este órgano de fiscalización pronunciarse acerca del mérito, conveniencia u oportunidad del contenido y ejecución de las acciones que comprende el instrumento en análisis«.
