Por: Dr. Mario Villalobos T.

Recientemente se ha publicado un estudio de IPSUSS y Cajas de Chile sobre la situación actual de las licencias médicas, los datos son tan interesantes como alarmantes. Según este estudio las licencias médicas aprobadas crecieron entre el 2015 y el 2022 en un 84%, excluyendo a los trabajadores del sector público. El gasto en pago de licencias creció en un 131% en 7 años, desde US$1.591 millones el 2015 a US$3.675 el 2022.

El mayor incremento de este gasto se relaciona con enfermedades de origen mental, alcanzando un 42% el año 2022, lo que representa un aumento del 442% en estos siete años, y las enfermedades osteomusculares con un 17 %, que representa un alza del 213% en el mismo período.

El director de Fonasa en la presentación del estudio dijo que éste no consideraba los datos del 2023, que reflejan una disminución en la emisión de licencias, tramitándose 8.401.133 con cargo a FONASA (81%) e ISAPRES (19%), lo que es una disminución del 9.3% en el sistema público y un 22,9% en el privado, esto tal vez producto de la mayor fiscalización, denuncia a la justicia de los fraudes detectados o disminución de casos COVID, pero, aun así, esto no es suficiente para considerarlo una tendencia a largo plazo.

Cuando se habla del uso incorrecto del sistema es inevitable consultar por el uso fraudulento de este, obteniendo opiniones divididas al respecto, pero es relevante que la mitad de las personas entrevistadas conozcan a alguien que haya tenido relación con una licencia falsa, ya sea un solicitante o un profesional que la extienda.

Si bien de las personas consultadas solo un 30% declara conocer cómo funciona el sistema y un 40% evalúa positivamente su funcionamiento, al momento de consultarles por cambios un 71,5% cree que son indispensables.

Cuando la discusión hoy está centrada en el presupuesto de salud, que no responde a las demandas del sector para financiar hospitales, ni alcanza para resolver listas de espera, avanzar en las reformas o programas como la universalización de la Atención Primaria, cierre de brechas de profesionales e infraestructura, entonces es indispensable que éste tema sea considerado, porque los recursos con los cuales se pagan las licencias provienen del mismo fondo que se construye con el  7% de cotización que todos los trabajadores realizan como aporte al sistema, por lo que su mal uso afecta el financiamiento de otras acciones del sistema de salud.

El recién pasado mes de septiembre la Cámara de Diputados terminó la tramitación del proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores de las licencias médicas, y establecería nuevas sanciones administrativas y penales a quienes comentan fraudes con este beneficio laboral, pero esto no es suficiente para desincentivar el mal uso y muchas veces el abuso que se hace de este derecho laboral.

En este estudio sus autores proponen disminuir el monto a cubrir en relación a la extensión de la licencia, poniendo un techo máximo, que en todo caso debería ser inferior al 100% del sueldo del solicitante y decreciente en el tiempo, agilizar el proceso, hacerlo más transparente y confiable, también sugieren, como ya lo hizo una comisión anterior, buscar otra forma de financiamiento, donde los empleadores tengan una participación efectiva y terminar con los días de carencia como forma de auto fiscalización.

En esta crisis del financiamiento de la salud pública es indispensable abordar todos aquellos aspectos que permitan el uso racional de los recursos, donde sin restringir derechos se raye la cancha como una política de estado, dejando de lado las miradas ideologizadas sobre el sistema.